En torno al fallo de La Haya

El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre delimitación de aguas marítimas entre el Perú y Chile, globalmente salomónico, reserva 80 millas de mar para la jurisdicción de Chile, y a partir de éstas hasta las 200.000 millas las reconoce al Perú, sobre la base de trazos técnicos geométricos y geodésicos. En principio esta solución inapelable y vinculante no afecta a la demanda internacional interpuesta por Bolivia a Chile y no debería arriesgar criterios, según lo aconseja la prudencia en casos delicados como el presente. Sin embargo, el Gobierno boliviano manifestó oficialmente que seguirá adelante con la demanda, aseveración inocua destinada al consumo coyuntural interno, pero sin mayor significación externa. Lo real es que el nuevo escenario exige una actitud reflexiva, acompañada del concurso de los mejores entendidos en estos nada sencillos temas de derecho internacional, con fines de perfeccionar y adecuar la demanda marítima en sus actuales inicios.

Una eventual tratativa sobre la base de un corredor en la Línea de la Concordia al norte de Arica -propuesta tradicional boliviana- en relación con lo marítimo, sería factible dentro de las condiciones del fallo de CIJ en el perímetro de las 80 millas de posesión chilena, mientras la navegación de naves bolivianas mar adentro dependería de la anuencia peruana, lo que exigiría una negociación paralela con dificultades eventuales.

Frente al nuevo panorama cobra plena vigencia la cesión por Chile de un enclave costero a nuestro país por territorios que le pertenecieron antes del Tratado de 1904, obviando la participación peruana siempre confusa y dilatoria. La observación chilena al respecto se ha escudado en que no es aceptable dividir en dos su territorio. Planteamientos de columnistas de este diario sacaron a relucir la fórmula de una servidumbre de paso que mediante una carretera permitiría la vinculación hasta el enclave. Dicha carretera estaría sujeta a los controles que Santiago considerase más y mejor convenientes. No sería otra cosa que un “paso inocente” de la carga nacional de ida y de vuelta, y no faltan precedentes análogos a dicha solución.

Se cumpliría a cabalidad el libre tránsito portuario previsto por el Tratado de Paz y Amistad de 1904, el cual ha venido tropezando con inconvenientes como al presente, a consecuencia de la privatización del puerto de Arica. No hay duda de que Arica es la vía más expedita, así como complicada en su negociación. El nuevo posible escollo es que lo consagrado por el fallo judicial internacional, se hace menos susceptible de cesiones por su titular, en palabras de un jurista especializado en el tema marítimo boliviano.