Bonos para los pobres pero sin sostenibilidad

Los últimos gobiernos del país, con la intención de “ayudar a los más pobres”, han instituido bonos y ayudas para sectores de la población, pero lo más grave es que ninguno de esos proyectos tiene sostenibilidad. Lo cierto es que, según expertos de Revenue Watch Institute: “si bien los pagos son innovadores, aún no se ha demostrado su efectividad y menos se ha previsto su sostenibilidad”.

Son 18 los países de América que han creado, desde el año 1997, diversas formas de “distribuir riqueza o disminuir grados extremos de pobreza o hacer partícipe a la sociedad pobre de lo obtenido de fuentes generadoras de riqueza”. La verdad es que se ha comprobado que ninguno de los proyectos fue creado con perspectivas de efectividad, impacto efectivo y sostenibilidad. En pocos, muy pocos -como en el caso de Bolivia- su sostenibilidad está asegurada parcialmente con los ingresos por las exportaciones de determinados productos, como el gas; pero para el futuro no se ha previsto mayormente que el beneficio sea de todos los que precisan de este tipo de ayudas que, además, serán de permanente crecimiento, especialmente aquellos referidos a la salud y la educación.

Es evidente que se trata de programas innovadores, cambiantes de situaciones injustas, pero no dejan de ser paliativos momentáneos porque generalmente los recursos no son destinados, por parte del beneficiario, a los fines propuestos y son utilizados para cubrir otro tipo de necesidades; esta es una realidad imposible de ser salvada porque la tenencia de los bonos o ayudas ya depende del poseedor que lo gaste en lo previsto por el mismo sentido de su creación.

Según la institución Revenue Watch Institute, “En Latinoamérica, 18 países implementan programas de transferencias condicionadas, benefician a 113 millones de personas (19% de la población) a un costo que ronda el 0,4 por ciento del PIB regional”. Muchos de estos programas -bonos, subvenciones o ayudas- han sido creados con fines electoralistas, con miras a captar apoyos colectivos y asegurarse estabilidad en los gobiernos; pero su permanencia en el tiempo se fue consolidando pese a la conclusión de gestión de sus propugnadores o creadores, debido a que el pueblo ya aceptó su recepción y sin importar cambios de nombre a los diferentes bonos, lo importante para el urgido de medios financieros es que se cumpla con “una obligación” ya difícil de ser soslayada.

De todos modos, el Gobierno en Bolivia tendrá que estudiar muy detenidamente hasta qué punto es posible asegurar la sostenibilidad de los bonos que ya se cancela a diferentes sectores de la población, porque su no atención implicaría, en casos, el surgimiento de graves conflictos en detrimento de la colectividad.