Tres concejales encarcelados pese a contar con Amparo Constitucional

Oruro, (EL DIARIO).- Tres concejales titulares del municipio de Caracollo fueron encarcelados en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro, pese a ganar un recurso extraordinario de Amparo Constitucional para retornar a sus cargos.

Ante el dictamen judicial, ediles suplentes no les habrían permitido reasumir funciones, imputándolos con otro proceso judicial por incumplimiento de deberes y abandono de funciones, según el cuaderno de investigaciones de la fiscalía de Caracollo.

Albertina Mejía Marza de Condori, Jaime Néstor Magne Choquetijlla y Claudio Choque Condori fueron encarcelados por disposición del juez de Caracollo, Rodolfo Rafael Calle, en base a una imputación formulada por el fiscal Hugo Ronald Rocabado Soto, firmada el 12 de diciembre, y presentada cinco días después, cuando ya no estaba en funciones.

La otra concejala, Romaldina Tórrez Colque, se encuentra con “detención domiciliaria”, porque “acreditó la existencia de un niño en estado de lactancia” y porque en esa condición, “corresponde aplicársele medidas sustitutivas a la detención preventiva”.

Los cuatro concejales, Romaldina Tórrez, Albertina Mejía, Jaime Magne y Claudio Choque, fueron obligados a renunciar al cargo, el 21 de julio del 2013, presuntamente por una turba de autoridades originarias, campesinos, mujeres de Bartolina Sisa de Caracollo, supuestamente dirigidos por Trifón Mamani y el secretario ejecutivo del Sindicato Regional de Caracollo, Gregorio Chambi, después de encerrarlos en un cuarto, golpearlos y amenazarlos con quitarles la vida, según la documentación del proceso que se encuentra en el Ministerio Público de Caracollo.

Se presume que el alcalde municipal de Caracollo, Alejandro Rodríguez Mamani, habría sido el principal instigador de la golpiza y la renuncia firmada bajo presión, porque supuestamente “estaba perjudicado por la falta de accionar de los concejales, que impidió la ejecución de proyectos, como la firma del contrato para el desayuno escolar”. Sin embargo, él dijo que no participó en esa golpiza.

Los cuatro concejales presentaron, posteriormente, un recurso de Amparo Constitucional, ante el juez de Caracollo, Rodolfo Rafael Calle, pero éste fue recusado, porque no existían garantías para que actúe con “imparcialidad” en sus resoluciones, ya que sus oficinas “están ubicadas en el mismo edificio municipal” de aquella población.

Por ese motivo, el Proceso de Amparo fue radicado en Huanuni, cuyo juez, Alejandro Llanos, declaró procedente el recurso y ordenó la restitución en sus cargos a los cuatro concejales. Sin embargo, nunca pudieron retornar a sus puestos, porque los concejales “suplentes”, “se encerraron en las oficinas del Concejo y ordenaron a las secretarias que no abran las puertas”.

Los vehículos y documentos del Concejo Municipal de Caracollo fueron manejados por los concejales suplentes, quienes “presentaron una denuncia sobre supuesto incumplimiento de deberes y abandono de funciones”.

La concejala Romaldina Tórrez dijo que el anterior fiscal retuvo “indebidamente” un cuaderno de investigaciones: “´De forma aviesa y malintencionadamente, sólo para perjudicarnos o siguiendo intereses oscuros sobre todo de carácter político”, porque “ya no se encontraba en funciones” y en su reemplazo, asumió Rogers Arellano Ponce.

Ronaldina Tórrez señaló que sufre de persecución política en la misma vagoneta del Concejo Municipal de Caracollo, le sacan fotografías con su bebé lactante en la calle y no le permiten ni siquiera entrar al Juzgado de Caracollo.

La otra concejala, Albertina Mejía, mediante una carta firmada en la cárcel de San Pedro de Oruro, pidió a las instituciones de defensa de los derechos humanos, revisar el cuaderno de las investigaciones “y se darán cuenta que los supuestos delitos han sido inventados y no les dan derecho a la defensa”.

DATOS

- Los ediles suplentes realizaron un nuevo proceso judicial a concejales titulares por supuesto abandono de funciones e incumplimiento de funciones.