Punto aparte
Bolivia es un país gasífero, no petrolero, lo que le permite ser exportador de este energético. La exportación de gas natural a Brasil y Argentina determinó que sea la parte fundamental del crecimiento económico del país, en los últimos años. En 2013, el ingreso al país por este concepto fue de 5.585,6 millones de dólares, monto que representó más del 50% del total de las ventas al exterior.
Al informar de ello, en acto público de rendición de cuentas, el presidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Bolivianos), Carlos Villegas, explicó que aparte del mayor volumen de exportación de gas, “hemos contado con precios prácticamente nunca vistos en la historia”.
Agregó que al Brasil se vende actualmente al precio de 9 dólares el millón de BTU (medida térmica inglesa). A Argentina por encima de $us 10 dólares el millón de BTU.
En 1995, un año antes de la Capitalización, YPFB exportó por valor de $us 141.8 millones. Con la Capitalización, en 2005, las exportaciones de las empresas petroleras sumaron $us 1.427.5 millones. Con la “Nacionalización” de 2006, si bien hubo un significativo aumento en los impuestos, desde mayo de ese año se paralizaron las inversiones. En 1998 estaban en perforación 65 pozos, en el 2007 se redujeron a tres.
El experto Mauricio Medinaceli Monrroy, ex ministro de Energía y durante varios años miembro de la cúpula de OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) acaba de publicar, a través de la Fundación de Alemania “Friedrich Ebert Stiftung”, un valioso estudio, titulado “El Sector Hidrocarburos en Bolivia”. Estos algunos de sus contenidos:
El 50% del crecimiento de la economía nacional se debe al proyecto de exportación de gas natural a Brasil, gestionado en el período 1974-1999 (más de 25 años), así como a la notable elevación de los precios internacionales del petróleo, sobre cuya base se fija el valor del gas.
En abril de 2005, un año antes de la “Nacionalización” se aprobó la Ley de Hidrocarburos No. 3.058. Uno de sus ejes centrales, fue crear el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota equivalente al 32% de la producción de gas natural y petróleo. Sustituyó a la Ley 1.689, de 1996, que estableció el impuesto a la producción equivalente al 18% y un sistema de impuestos sobre utilidades.
Los “nuevos” ingresos fiscales de la nacionalización (1 de mayo de 2006), son menores a los generados por el IDH (32%) creado en 2005. Los ingresos de las Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Fondo Indígena, Universidades y otros provienen de la recaudación del IDH y no de la nacionalización.
En 2011, YPFB hizo pública la disminución de las reservas de gas. Sería suficiente para abastecer los próximos 17,7 años. Empero, si la exportación a Argentina sube con 20 millones de mcd adicionales, la disponibilidad de gas caería a12,15 años.
Ante esta eventualidad, urge captar más inversión en la exploración de hidrocarburos, para hacer crecer las reservas. En el período 2000-2005 la producción aumentó de 8.8 a 33.3 millones de mcd (metros cúbicos día). La crisis internacional de 2009 afectó negativamente a la producción de gas natural en Bolivia, cercano al 14%, por la reducción de las compras de Brasil.
El sistema impositivo aplicado al upstream (prospección, exploración y explotación de hidrocarburos) tuvo varias modificaciones a partir de la Ley 1.689, de 1996, y la Ley 3.058, de 2005. Resultado de ello, la tributación aplicada al sector (hasta 2011) se compone así:
Regalías y participaciones, 18% sobre el total producido; IDH, 32%; a las utilidades equivale al 25%; a la remisión de Utilidades al Exterior, equivalente al 12,5%; al valor agregado de las ventas en el mercado interno, 13%; a las Transacciones de las ventas en el mercado interno, 3%; ingreso para YPFB, x%.
En el período 2000-2004, el porcentaje de ingresos osciló entre el 30% y 40%; por tanto, no es correcto afirmar que antes de la nacionalización este porcentaje era de sólo el 18%. Las regalías más el IDH representan el 50% de los ingresos brutos en Boca de Pozo; en ocasiones, este porcentaje es mayor o menor.
Por efecto de la nacionalización, la participación del Estado se sitúa en el 70% (1911) y no del 82%, como suele decirse en fuentes oficiales.
El estudio de Medinaceli abarca otros aspectos del sector y concluye con una “Propuestas de política”. De inicio, pone énfasis en mejorar el desempeño de YPFB.
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