Aumenta número de afectados por lluvias

Las lluvias que se registran en varias regiones del país afectaron a más de 100 municipios y causaron la muerte de 46 personas entre noviembre de 2013 y los últimos días de enero pasado, informó ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La autoridad atribuyó los problemas por los que atraviesan las regiones del departamento del Beni, el trópico de Cochabamba y el norte de La Paz, a la falta de obras por parte de los municipios que sólo utilizan entre el 1 al 2 por ciento de su presupuesto a la prevención de desastres naturales y que en muchos casos estos recursos son utilizados para otros fines.

“Tenemos hasta el momento el reporte de 75 cabezas de ganado afectadas, 28.500 familias damnificadas y más de 100 municipios perjudicados hasta este momento. También tenemos el reporte de 46 personas que han fallecido de manera directa o indirecta, desde noviembre del año pasado hasta la fecha” dijo en entrevista a la red Bolivia TV.

“Hay que recordar que los efectos, en algunos casos, han generado negociados esplendidos para algunos exgobernadores o alcaldes de las regiones, entonces la gente que antes utilizaba estos fenómenos medioambientales para intereses políticos y económicos, hoy día está viendo que también se está reduciendo su margen de maniobra”, sostuvo la autoridad.

Aseguró que estos desastres naturales ponen a prueba la capacidad de gobierno en la articulación y reacción temprana para asistir a los damnificados, en procura de disminuir “significativamente la fatalidad de la gente y el nivel de la tragedia humana”, según informó a ANF.

En tanto, analistas aseguraron a EL DIARIO que “todos los años el Gobierno demuestra total ausencia de una política preventiva en temporada de lluvia y atiende de manera improvisada a los damnificados”.

Expertos en política como Armando Méndez y en economía como Humberto Vacaflor lamentan el despilfarro de recursos del Estado en la compra de aviones para ministros o nuevos vehículos de seguridad y que, paradójicamente, no se pueda compensar las millonarias pérdidas del sector productivo agropecuario.

Méndez explicó que “una inversión planificada requiere obras macro de infraestructura que deben estar a cargo del Estado por la responsabilidad de coadyuvar a poblaciones que están en constante riesgo en temporada de lluvia” y que “se debe dejar obras menores a responsabilidad de municipios o gobernaciones”.

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