El Gobierno quiere esquivar a la justicia

Gremiales exigen cumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional

El Estado no se debilita con la disposición, según la máxima autoridad del SIN.


ERICK ARIÑEZ, PRESIDENTE DEL SIN.

EL DIARIO y Agencias.- Los gremiales del país iniciaron movilizaciones callejeras y demandan al Gobierno el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TCP) que elimina de la Ley 317 (Presupuesto General del Estado) la clausura definitiva de los establecimientos comerciales o negocios que no emiten factura.

La dirigente del sector, Mercedes Gisbert, dijo que esta sentencia evitará los excesos de la administración tributaria. La representante justificó la modificación del tope de capital en razón a la elevación del costo de vida. Por su parte, el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos, Erick Ariñez, sostuvo en un canal de televisión local que el Estado no se debilita con la disposición del TCP y que seguirá ejerciendo el mandato de aplicar lo que establece la ley en lo que corresponde a las recaudaciones fiscales.

MOVILIZACIONES

La Confederación de Gremiales de Bolivia inició ayer una serie de movilizaciones en diferentes puntos del país exigiendo al Gobierno la actualización del Régimen Tributario Simplificado (RTS).

El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, informó que sus afiliados realizarán marchas y bloqueos en puntos estratégicos demandando al Gobierno la actualización del RTS de Bs 37.000 a Bs 70.000. También se pide la desaparición de puestos de control aduaneros en rutas intermedias que supuestamente realizaron cobros indebidos a sus afiliados.  El entonces presidente de Impuestos, Roberto Ugarte, señaló en varias oportunidades su negativa a modificar el régimen. Dijo que una eventual modificación de los montos de capital máximo que fija el RTS podría provocar que los inscritos en el régimen general ingresen al sistema simplificado, lo que podría generar impactos negativos en las recaudaciones.

Figueroa manifestó que las medidas de presión que realizarán sus afiliados serán notorias en Santa Cruz, Sucre, Oruro, Cochabamba, La Paz y en la fronteras con la Argentina. Al promediar las 11 horas de ayer un grupo de 1.000 gremialistas tomaron el centro de la ciudad con estribillos demandando la renuncia de la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos. Algunas pancartas de la marcha recordaban a Ariñez “su compromiso de atender las demandas de este sector”.

CASO CERRADO

El pedido de los gremiales es, para el Gobierno, un tema cerrado, porque el año anterior se firmó un convenio con la dirigencia de este sector que está acreditada por la Central Obrera Boliviana (COB), dijo la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos.   

“El tema de los gremiales ya lo hemos cerrado, hemos señalado que nosotros hemos suscrito un convenio con el sector (gremial) el pasado año (y) estamos trabajando en función de eso. Se ha suscrito este convenio en cumplimiento de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 51, numeral 4, que establece que las entidades adquieren personería jurídica por el reconocimiento de su ente matriz”, afirmó, en entrevista con Unitel.

Los grupos de gremialistas comandados por Figueroa y Braulio Rocha pugnan por lograr el reconocimiento oficial. El 3 de septiembre, el ministro de Economía, Luis Arce, y una fracción del sector gremialista encabezado por Rocha firmaron el convenio que establece la ampliación del monto mínimo del RTS de Bs 12.000 a Bs 15.000 y el máximo de 37.000 a 45.000”, dijo ANF.

CLAUSURA

La Viceministra aclaró que los comerciantes enmarcados en el RTS que son artesanos, vivanderos o los que ofrecen comida no están obligados a emitir factura, y por lo tanto, sus negocios no están sujetos a clausura. “No hay porque ningún sector (gremial) se movilice, está desinformado y utilizado”, señaló.

La autoridad se refirió también a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la clausura definitiva de los negocios donde sus propietarios no emitan factura, ante lo cual señaló que “vulnera el debido proceso y los derechos y garantías de todas las personas” de pedir ese documento.

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