Calamidades de esta época del año

Sin aprender de la experiencia, las contingencias nos golpean frecuentemente. Esta vez es el embate de la época lluviosa que se ensaña en 6 de los 9 departamentos del país con desbordes de ríos, hechos que están ocasionado la inundación y desplome de viviendas -en su mayoría humildes-, la interrupción de los caminos, la pérdida de considerable producción agrícola, así como la falta de agua potable y de energía. Este drama se repite en las poblaciones más próximas a las corrientes de agua. Hasta el momento se lamenta la muerte de 24 personas y más de 27.000 familias damnificadas.

La ausencia del sentido de previsión de las autoridades, las obliga a afanes de última hora o cuando el desastre está encima y ésto es lo que está ocurriendo. En momentos de bonanza económica -breve, por supuesto- se debería concentrar recursos suficientes en obras preventivas serias de protección de las poblaciones más expuestas a este tipo de hechos de la naturaleza: derrumbe de taludes, riadas y otros. Se quisiera ver algo semejante al anillo protectivo efectuado en la ciudad de Trinidad para evitar su inundación, obra que las copiosas lluvias y el río Beni pondrán a prueba. Esperamos sea con éxito para ahorrar penurias a la familia trinitaria.

El mantenimiento de carreteras y caminos debería ser otra prioridad de los organismos pertinentes y no sólo retoques, sino trabajos que garanticen su transitabilidad todo el año. Debido a dicha deficiente conservación muchas poblaciones han quedado aisladas e inaccesibles como las de Rurrenabaque, San Ignacio, San Borja y Reyes en el Beni. En el departamento de La Paz, principalmente San Buenaventura e Ixiamas y el resto de localidades de la provincia Iturralde quedaron libradas indefinidamente a su propia suerte.

Decimos concentración de inversiones por principio de prevención, pues, si se suma la dispersión de fondos en pequeñas obras que no revisten urgencia o si se trata de adquisiciones millonarias de tipo suntuario, salta a la vista que lo primario se antepone a lo secundario. Estas reflexiones no sólo valen para el Gobierno Central, sino para las gobernaciones y los gobiernos municipales, todos cubiertos por la Ley de Autonomías y Descentralización, estatus que asigna atribuciones y finalidades públicas que reclaman ejecución.

Las evidencias con las que se nos golpea ahora y que se prolongarán hasta fines de abril próximo, desnudan que dichos niveles -nacional, departamental y local o municipal- no han recogido a plenitud el reto, algunos mejor que otros está a la vista, pero siempre insuficientes. De otro modo no se lamentaría el panorama actual. La ciudad de La Paz, por ejemplo, cada año sufre la caída de puentes en la zona Sur, también en otros de sus barrios y villas las amenazas son latentes, sin que se pretenda desconocer los trabajos de la Alcaldía precisamente para reducir el peligro de las corrientes visibles y subterráneas que abundan en la cuenca paceña.