Fallo sobre Rurelec demuestra trasfondo de nacionalizaciones

El fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (PCA, por sus siglas en inglés) sobre el caso de la empresa británica Rurelec demuestra que las nacionalizaciones que realiza el Ejecutivo son compra y venta de acciones forzosas, según el criterio del diputado de Convergencia Nacional (CN), Osney Martínez. El oficialismo asegura que seguirá con estos procesos para recuperar los recursos naturales y empresas estratégicas de los bolivianos.

“Ese fallo nos da la razón a la oposición, siempre hemos dicho que no hubo nacionalización como en 1952, donde no se dieron indemnizaciones. Lo que hizo el Gobierno es solamente un negocio de compra forzosa de las acciones de las empresas y el fallo les está diciendo páguenle por sus acciones a la empresa”, declaró Martínez.

Explicó que esa decisión de comprar acciones también es correcta, sólo que el Gobierno debería ser honesto con la población boliviana y no decir que fue una “nacionalización”.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Silvestre Bonifaz, dijo que tras el fallo de La Haya, el Estado a través de sus instituciones defenderá el interés de los bolivianos. Explicó que la Procuraduría General del Estado junto al equipo jurídico analizarán la situación y que hasta el viernes el Gobierno ya tendría una respuesta sobre este veredicto.

“Una vez hecho el análisis vamos a ver cuál sería el siguiente paso a dar, porque hay algunas cosas que no están claras, y si hay necesidad de apelar lo vamos hacer, pero eso va a depender mucho del Procurador y del equipo jurídico”, sostuvo.

“Vamos a hacer que el Gobierno haga un análisis político, técnico, jurídico para ver qué vamos a hacer, pero no creo que Bolivia tenga que subsanar esos daños. Mañana (hoy) vamos a tener una respuesta pronta del Ministerio encargado del ramo para tener una respuesta responsable”, mencionó por su parte, el diputado del MAS, Edwin Tupa.

El fin de semana, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a través de un fallo estableció que el Estado boliviano debe cancelar a la empresa inglesa Rurelec 28,9 millones de dólares por la expropiación de acciones de la subsidiaria Guaracachi en 2010.

Según la primera información, desde la página oficial de la compañía, daba un monto de 41 millones de dólares a favor de Rurelac, argumentando la violación al Tratado Bilateral de Inversiones entre Reino Unido y Bolivia.