(radiofides.com).- El procurador general del Estado, Hugo Montero, informó ayer que durante los tres meses que le otorga la normativa internacional para concretar el pago por la nacionalización de la empresa Británica de energía Rurelec, acudirá a todos los medios posibles para reducir a la “mínima expresión” ese pago.
Asimismo, la autoridad negó que el monto de la compensación exigida por la eléctrica sea la correcta, manifestó que los 41 millones de dólares son demandados, en vista de la crítica situación y las deudas que tendría Rurelec.
“El Estado ha presentado todos los argumentos, las pruebas necesarias para que se reduzca la pretensión, hemos argumentado, ofertado ciertos montos que no han coincidido con sus pretensiones, por eso se ha ido a un tribunal internacional. Soy respetuoso de lo que ha dictaminado el Tribunal pero en esa advertencia tenemos la posibilidad de hacer un análisis y recurrir para inclusive reducir este monto a su mínima expresión, utilizando los recursos y procedimientos que nos faculta La Haya”, precisó Montero.
Asimismo, señaló que para el Gobierno Nacional la indemnización por la nacionalización de Guaracachi el 1 de mayo de 2010 asciende a 28.900.000 dólares y no a los 41 millones, que se señalan en el sitio web, de Rurelec. Del monto total, 35,5 millones corresponderían al monto fijado por compensación y 5,5 millones por dividendos no pagados antes de la expropiación.
Por su parte, el mandatario Evo Morales, consultado sobre el arbitraje dijo en conferencia de prensa: “Respetamos las instituciones internacionales, aunque no comparto los arbitrajes, siempre gana la empresa privada y nunca el Estado”.
Señaló que conocida la información se conformó un equipo jurídico a la cabeza del procurador General del Estado para que se estudie el fallo y se fijen las acciones a seguir, “… pero respetamos, ayer organizamos una pequeña reunión que estudie esos fallos y veremos lo que el pueblo boliviano tiene que hacer”, finalizó.
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de la empresa británica Rurelec, calificando como “ilegal” la nacionalización de sus acciones en la eléctrica Guaracachi, el 01 de mayo del 2010. Se fijó que el Gobierno boliviano debe resarcir 29 millones de dólares a la empresa.
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