Irrespeto a la institucionalidad

Desde el ya lejano “le meto nomás” presidencial, el proceso de desmontar las estructuras institucionales del país ha sido acelerado. Tanto, que no le ha podido seguir el ritmo la tarea consecuente de ir conformando las nuevas estructuras. Pero sobre todo, superar la falta de formación profesional y de conducta ética y moral de los encargados de conducirlas. Para el desbarajuste que se vive hoy en el país se combinaron el apuro en deshacer y la premura en satisfacer expectativas políticas propias.

De esa manera, la improvisación en el diseño y armado del nuevo andamiaje administrativo y la escasa formación del personal encargado de su manejo afligen hoy a propios y extraños. El ejemplo más patético es el de la Justicia, vapuleada antes y vapuleada hoy. La reforma estructural fue total. Se recurrió incluso a una inédita e histórica elección de los nuevos jueces del Órgano Judicial que, en su momento, fue presentada a la opinión pública interna y externa como un ejemplo a seguir. Y ahí estamos, lamentando hoy que a los males tradicionales que se pretendía extirpar se sumen los de corrupción evidente y pública de niveles, eso sí, inéditos en nuestra historia.

Lo reconoció con honestidad intelectual poco habitual en estos tiempos la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, cuando afirmó, a poco de asumir el 22 de enero, que “fue un desacierto” la elección de octubre del 2011.

En realidad, la población que sufre las consecuencias del “desacierto” percibió el absurdo con mucha anticipación. Por eso, ¿recuerdan?, los miembros de los tribunales electoral, constitucional y agroambiental y del Consejo de la Magistratura fueron elegidos por absoluta minoría. Los votos “nulos” y “blancos” sumaron el 60 por ciento, sin contar los de abstención. “Los jueces electos carecen de legitimidad”, se dijo entonces. En el Tribunal Electoral -que le puso cortapisas a la prensa para que informe sobre las “cualidades” de los candidatos designados a dedo- se lavaron las manos. “Nosotros, dijo su presidente, no somos responsables si se habla de ilegitimidad. Respetaremos la voluntad del pueblo, sea el porcentaje que se haya alcanzado”.

Y así fue. Las consecuencias del desacierto y de la tozudez de acatar la consigna política pese a la sinrazón aparecen hoy. La crisis en el Consejo de la Magistratura, sumido en denuncias graves de corrupción, lo evidencia con características cuya gravedad solapa el ridículo. La presidenta de esa instancia judicial fue desconocida por tres de los cinco miembros que la conforman.

“Perdieron la confianza en doña Cristina”, dijo uno de sus integrantes al que sus colegas eligieron como su sucesor. Pero el nuevo presidente rechazó el cargo y respaldó a la presidenta cuestionada “con la esperanza de que mejore su gestión con base en una mayor coordinación y relacionamiento”. Curiosamente, la presidenta fue desconocida apenas dos semanas después de que sus cinco colegas la ratificaran. ¿Cuánto habrá tenido que ver, en ese rápido cambio de actitud, el hecho de que desde el poder político se haya reconocido que la justicia no anda bien en el país?

Al margen del caso específico, la señal implícita en la respuesta posible a la pregunta sobre el caso concreto parece probar (por si fuera necesario) que desde el poder político se digitan decisiones, fallos y acciones de la justicia, en sus distintos niveles e instancias.

Más allá de ese hecho preocupante por sus implicaciones, el embrollo tiene connotaciones de alcance mayor a las de una simple cuestión de “pérdida de confianza”. El Consejo de la Magistratura está sumido en un escándalo de corrupción pocas veces visto en las instancias judiciales, pese a lo mucho de malo que las caracterizó en el pasado. Hay varias denuncias de extorsión y chantaje que involucran a jueces. Según los primeros indicios, se trata de presunta compra-venta de cargos.

Según las denuncias, algunos jueces llegaron al cargo comprando títulos y credenciales en hasta 10.000 dólares. Pero quedaron engrillados a su pecado. Quienes les vendieron esos títulos encontraron un mecanismo de ganancia doble y sostenible. Los extorsionan ahora cobrándoles, mes a mes, un diezmo de sus salarios. Hay actualmente, cuando menos, un funcionario purgando pena en el penal de San Roque, en Sucre.

La ministra Gutiérrez, al poner el dedo en la llaga, puntualizó que para ejercer la autoridad de impartir justicia “se tiene que tener conocimiento”. Conocer leyes y procedimientos es seguramente requisito básico, como saber leer y escribir, por mucho que nos disguste disfrutarlas. Pero lo fundamental es la formación ética y los principios y valores morales de la gente. El correcto funcionamiento de las instituciones y el consecuente respeto al orden institucional, no importa cuál, depende de ese factor.