Según estudios de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Bolivia muestra un 21,3% de malnutrición en su población. El estudio, referido a 33 países, señala que la subalimentación en América Latina bajó “en promedio de 14,7 a 7,9 por ciento desde 1990”. Dice también que los países más afectados por la malnutrición son Haití, con 49,8%; Guatemala, 30%; Paraguay, 22,3%; Nicaragua, 21,7% y Bolivia, 21,3%.
Los datos son alarmantes y confirman que en nuestro país, pese a que las autoridades señalan: “…los bolivianos comen más y mejor y los mayores ingresos no solamente están llegando a los bolsillos, sino también al estómago”, la realidad es clara y contundente porque la pobreza aumentó y la alimentación sufrió muchos decrementos en los últimos años, debido a que no hay producción nacional o, si la hay, es poca y hay necesidad de importar lo que se consume; por otro lado, los procesos inflacionarios han sido muy altos y han determinado mayores precios de los productos alimenticios que, por no haber dinero necesario, no es posible comprar y los hogares con menos ingresos se han visto obligados a reducir las cantidades de la dieta familiar.
Toda vez que la FAO ha dado a conocer datos, lo hizo siempre en forma precisa y los elementos que le han servido para los estudios han sido tomados con mucha responsabilidad y precisión; por supuesto, los índices son promedios generales que, generalmente contrastan con la realidad que viven los países que sufren el mal de la pobreza. De todos modos, creer que estamos en bonanza alimentaria no corresponde señalar, porque los cuadros reales no muestran situaciones que tranquilicen a la colectividad.
Es evidente, por otra parte, que la mayor circulación de dinero en algunos sectores de la población, ha determinado que se consuma mayor cantidad y mejor calidad de alimentos por parte de personas que están en grupos que cuentan con más ingresos financieros. Lo cierto es que en la mayoría de la población se ha notado políticas restrictivas en la adquisición de alimentos que, lógicamente, han determinado estados de malnutrición.
Es urgente reconocer que en los últimos dos años, especialmente desde el frustrado “gasolinazo” del Gobierno que, por diversos temores, tuvo que anular; y, luego, el anuncio del doble aguinaldo el pasado año, los precios de la canasta familiar se han incrementado grandemente, en detrimento de la economía de la comunidad nacional, que ha tenido que disminuir sus compras conforme a sus posibilidades financieras porque inclusive el doble aguinaldo benefició sólo a una parte mínima de la población.
Es necesario que a nivel de autoridades se reconozca realidades y no se viva quimeras sobre situaciones de bonanza que no tenemos, ya que, por el contrario, hay malnutrición en buena parte de la población.
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