Hora de pagar indemnizaciones

Para el gobierno del Estado plurinacional llegó la hora de la verdad. Tiene que pagar las indemnizaciones a varias empresas privadas externas que fueron estatizadas, acción que equivocadamente se la denomina nacionalización. El pago inmediato de una de esas indemnizaciones es obligatorio debido a que se tiene que cumplir disposiciones legales vigentes, así como por fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya.

En primer lugar es preciso señalar que el actual Gobierno puso en aplicación una política económica, uno de cuyos aspectos es afectar los intereses económicos de algunas empresas extranjeras legalmente establecidas en el país desde hace muchos años. Sin embargo, esa forma de afectación, denominada bajo el concepto de “nacionalización”, no corresponde a la realidad, ya que las empresas no pasaron a propiedad de la Nación, sino más bien pasaron a propiedad del Estado. Vale decir que no se trató, en correcto uso gramatical, de alguna nacionalización, sino solamente se produjo una estatización de bienes extranjeros.

La estatización de una de esas empresas extranjeras fue cuestionada por sus propietarios, que decidieron acudir al Tribunal de la Haya con objeto de pedir una indemnización, la que ellos consideraban justa, a diferencia de la que deseaba cancelar el Estado y que era muy inferior. En efecto, el Tribunal internacional dictó un fallo por el cual el Estado boliviano ahora debe compensar a la firma británica Rurelec PLC la suma de 28 millones 927 mil dólares y no 142 millones 900 mil dólares como había demandado inicialmente la empresa privada como compensación por los bienes afectados, monto considerado como “excesivo” por los medios oficiales.

La decisión de la justicia internacional (a la que Bolivia se adhirió con tratados especiales y cuyos compromisos está obligada a cumplir), acerca de la firma británica Rurelec PLC, agrega que Bolivia debe “pagar como monto de compensación 28 millones 927 mil dólares más intereses sólo para la firma Rurelec” y desestimó las pretensiones de la GAI, por lo que el monto total que deberá cancelar Bolivia a dicha firma asciende (incluyendo intereses) a 41 millones de dólares.

El fallo del mencionado Tribunal por la expropiación de las acciones de Guaracachi de propiedad de la firma británica indicada, resulta según analistas (como el ex Ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres), una “triste noticia”… “porque hace daño al país”. A esas apreciaciones se agrega que la decisión del fallo, además de ser una mala noticia, tiene carácter inapelable y debe ser honrada a la brevedad posible, pues, en otro caso, seguirá creciendo por los intereses diarios a que está sometida.

Mientras la estatización de Guaracachi llegó a esa conclusión, el Estado boliviano es también objeto de otras demandas a nivel internacional por más de mil millones y medio de dólares por la estatización de otras empresas privadas como la Pan American Energy, Quiborax, Global Investments, Mallku Kjota y otras que demandan el pago de indemnizaciones por más de mil millones de dólares en total.

Por los datos indicados, las estatizaciones resultaron bastante costosas para el país y no fueron, como se dijo, nacionalizaciones, lo que posiblemente no habría tenido los costos que ahora se registran y que tiene que cancelar de todas maneras el Estado con los dineros que pertenecen a todo el pueblo.