Aniversario crítico de la Constitución

En medio de críticas, entre las que se cita que es objeto de continuas violaciones por parte del Gobierno que la dictó, que no se cumple en varios aspectos, que tiene carácter populista y no cumple con las esperanzas que se había depositado a tiempo de su promulgación, la Constitución Política del Estado acaba de cumplir cinco años.

A esas críticas y comentarios se agregan otras opiniones que señalan que la “ley de leyes” tiene contenido idealista y no toma en cuenta la realidad objetiva; que desconoce la existencia de la nación y sólo toma en cuenta el mecanismo estatal que a lo más tiene carácter subjetivo y que su cumplimiento es cada vez más lejano, pese a que el Órgano Legislativo dictó cerca de 500 leyes que tratan de hacer que los “principios” de la Carta magna se cumplan y conduzcan al país hacia los objetivos históricos que propuso a tiempo de ser estudiada.

A tan corto tiempo de existencia la Carta magna (calificada a veces como “Farsa magna”), también se escucha voces de las altas esferas del poder que reconocen que no hay plena aplicación de sus buenas intenciones e inclusive, junto con propuestas de grupos de oposición, sugieren que sea objeto de una reforma no sólo en la forma sino de fondo.

La Constitución actual que rige los destinos del país es la decimosexta que rige en Bolivia. Fue promulgada el 7 de febrero de 2009 y desde entonces se buscó su aplicación para llegar a un régimen del “socialismo del Siglo XXI” y la “economía plural” y con la meta final del “vivir bien”, eliminar el racismo y la discriminación, así como la violencia contra las mujeres, reducir la pobreza y la dependencia del país, garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad alimenticia, etc.

Pasados cinco años de vigencia de ese documento, sus defensores oficialistas señalan que la Carta “es más inclusiva”, que “las mujeres tienen un rol más protagónico”, aunque no dejan de afirmar, entre otros problemas, que las leyes sancionadas que debían ser promulgadas en seis meses, tardan años en entrar en práctica. Asimismo se indica que una de sus “debilidades” consiste en que “falta voluntad” y decisión de parte de los actores políticos, en particular en lo referido a las autonomías, el sistema de administración, la asignación de recursos para las regiones.

El aspecto analítico más contundente de la Carta vigente consistiría en que negó la existencia de la realidad material, es decir del territorio, la población, la economía, el leguaje y otros (o sea el país, la patria, la nación) y sólo existe un aparato administrativo que, por una parte, se ha convertido en dueño absoluto de la economía y la política y no cumple con la tarea específica de administrar, vigilar y precautelar los bienes públicos.

Por esos aspectos, sería posible deducir que una reforma de aspectos estructurales de la Constitución debería ser propuesta por la vía establecida en la misma Carta o bien mediante una nueva Asamblea Constituyente, la misma que se encargaría de coordinar las ideas políticas con la realidad nacional, que no se la tomó en cuenta en esta oportunidad.