José R. Ocampo Castrillo
No otra cosa se puede llamar a las medidas de presión de los transportistas urbanos, sector privilegiado de la actividad económica en el país. Me referiré al caso puntual de la ciudad de La Paz (otrora cuna de la libertad, tumba de tiranos), ahora impotente ante los abusos de quienes se atribuyen representatividad de sectores sociales para que la asfixien con marchas y bloqueos, sin que autoridad alguna pueda salvarla de semejante atropello. Llegan al colmo de oponerse al servicio de los Puma Katari destinados a mejorar un servicio tan vital para la ciudad.
El problema es con los empresarios del transporte público urbano, no es con trabajadores, porque no existen las partes patronal y laboral. Es una aberración que exista sindicato de empresarios que reclaman el derecho a infringir la ley y no aceptar las disposiciones municipales para mejorar el servicio que prestan. Haciendo gala de su prepotencia, se niegan a pagar las sanciones por faltas cometidas, no aceptan la revisión técnica de sus vehículos, se benefician con la entrega de rosetas de inspección en sus recintos.
Con el cambio de uso de combustible a gas natural se benefician, con mayor subvención y no bajan los costos de los pasajes. ¿De qué privilegio gozan? No puede ser que ellos definan las vías de circulación a su capricho. La famosa rotura de frenos no existe y esto lo puede corroborar cualquier mecánico; lo que pasa es que por falta de mantenimiento llega el momento en que no responden, provocando una tentativa de asesinato al producirse los accidentes.
Hay que preguntarles a los dirigentes: ¿cuándo han ordenado a sus afiliados el cumplimiento de horarios y recorridos de sus líneas, el mantenimiento adecuado y permanente de sus vehículos, la limpieza tanto personal como de su herramienta de trabajo? Los minibuses son vehículos adaptados para el transporte de pasajeros, siendo su origen para el reparto de mercaderías. Han sido prohibidos en Santa Cruz y Cochabamba y se refugiaron en La Paz.
Los transportistas, mal llamados choferes, son empresarios propietarios de uno o más vehículos; ¿cuántos vehículos tienen los dirigentes? y ¿cuántos empleados “choferes” tienen?, a los que se los explota con un trabajo a destajo. Pongamos las cosas en claro, los transportistas no son trabajadores, en el término correcto de la palabra; son empresarios del transporte público.
¿Cómo llegar a dar una solución inmediata del problema? El Gobierno municipal debería tener el estudio de tráfico y vialidad, que es el primer trabajo de la planificación urbana. Si no lo tiene, inmediatamente debe contratar un equipo de profesionales que tienen que ver con el tema, como geógrafos urbanos, agrimensores, ingenieros de tráfico y vialidad, arquitectos urbanistas, economistas urbanos, sociólogos urbanos, abogados, etc. Una vez puesto en vigencia el sistema con determinación de líneas y lugares de parada fija, la Dirección de Tránsito es la encargada de hacer cumplir las disposiciones técnicas y legales de la normativa.
Con el ordenamiento vial se determina las rutas de circulación del transporte público, con paradas fijas cada tres cuadras y las tarifas puestas en vigencia. Se licita cada una de las líneas en forma independiente para que empresarios individuales o colectivos puedan acceder a la prestación del servicio. Se efectúa una inspección técnica de todos los vehículos que quieran poner en circulación. De esta manera se elimina el mal llamado gremio de los choferes. Los asalariados, empleados de estos empresarios, se acogen a la Ley General del Trabajo como cualquier otro sector laboral y el trato del Gobierno Municipal es con empresarios.
Señor Alcalde, póngase firme, rompa el monopolio y la anarquía, poniendo las reglas del juego bien claras, dando el lugar que corresponde a las dos instituciones, Gobierno Municipal y Dirección de Tránsito. Con urgencia apruebe las normas y reglamentos del tráfico y vialidad, con esto se habrá salvado nuestra ciudad de esta anarquía. Adelante con los Puma Katari, si hay necesidad de municipalizar el transporte público, en su totalidad, hágalo; los paceños sabremos valorar su decisión con principio de autoridad.
El autor es arquitecto urbanista.
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