Felipe Coarite Huañapaco
Bolivia al igual que otros países está expuesta a varios tipos de amenazas de origen natural o provocados por el hombre, como son las sequías prolongadas, los incendios forestales, las inundaciones, las granizadas, las heladas y otros, con capacidad potencial de ocasionar daños económicos, sociales y medioambientales. Mientras que la probabilidad de que los fenómenos naturales ocasionen desastres es media con tendencia a alta, debido a la ausencia de las políticas de gestión de los riesgos. Los responsables son el Gobierno del Estado Plurinacional, los gobiernos departamentales y las secciones municipales.
Las crecidas y los desbordes de los ríos, el anegamiento de los caminos y los cultivos, los derrumbamientos de las viviendas, las mazamorras, la muerte de ganado, el cierre de los caminos carreteros, muestran un panorama desolador ocasionado por las intensas precipitaciones pluviales ocurridas durante el mes de enero del presente año. Lo más grave: las muertes y el sufrimiento de los seres humanos, especialmente de los más sensibles al dolor, como son los/as niños/as, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, los/as enfermo/as, etc.
Los riesgos son previsibles y evitables, mientras que las amenazas también son previsibles pero son inevitables. Esa es la diferencia entre riegos y amenazas. Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad para recuperarse de ello. Por consiguiente la vulnerabilidad está relacionada con la inseguridad del país, el departamento y el municipio, susceptible de sufrir daños ocasionados por algún tipo de amenaza.
Todos tenemos derecho a ser servidores públicos. Sin embargo, ministros, diputados y senadores, gobernadores y asambleístas departamentales, alcaldes y consejeros municipales al parecer desconocen absolutamente el significado de la gestión de riesgos. De otra forma, cómo se explica la ausencia de políticas para la prevención y control de los riesgos en los planes operativos respectivos, ya que estos eventos naturales adversos se presentan de forma recurrente en nuestro país, basta saber que en la cosmovisión andina y amazónica el tiempo atmosférico es cíclico.
¿Cuánto por ciento del presupuesto del POA destinan y ejecutan para la gestión de los riesgos y para la prevención y control de los daños ambientales a nivel nacional, departamental y sección municipal? Esta pregunta se hace extensiva a los empresarios ganaderos de Santa Cruz, Beni y Pando, que también deberían destinar un monto de sus recursos económicos para la prevención de los riesgos naturales y ocupacionales. Por lo visto, los gobiernos de las secciones municipales destinan casi todo su presupuesto a la construcción de estadios con césped sintético, complejos deportivos, centros de alto rendimiento y sedes sociales. Para la gestión de riesgos, nada.
Por consiguiente, Bolivia es un país vulnerable a los efectos de los fenómenos naturales adversos con capacidad de hacer daño a las personas y bienes, debido a que se conoce las amenazas, pero nada se hace para prevenir y proteger de los daños que ocasionan estos; la población no sabe a dónde ir en caso de emergencia, no está preparada para casos de desastre, no tienen un botiquín en su casa, una linterna, la ración seca para alimentarse una semana, agua para beber, etc., no se cuenta con mecanismos de alerta temprana, ni brigadas de defensa civil efectivas. Tampoco es un Estado resiliente debido a que no hay la capacidad de recuperación para volver a la situación anterior al desastre.
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