Crisis y fracaso de la reforma judicial

Sucesivas y virulentas críticas al Órgano Judicial, a los magistrados, jueces, fiscales y funcionarios de ese mecanismo del Estado, de parte de altos funcionarios del Gobierno, confirman el fracaso manifiesto de la reforma judicial que puso en aplicación hace seis años el Gobierno del presidente Evo Morales, con ofrecimientos en sentido de aplicar un cambio total de justicia tradicional, para sustituirla por otra moderna, basada en principios “revolucionarios”.

Entre otras críticas, el Vicepresidente afirmó que la justicia boliviana se encuentra “en estado de coma” y que sus administradores debían ir a la cárcel en vista de las denuncias de corrupción, retardación de justicia, ineficiencia y otras acusaciones que estuvieron circulando entre la opinión pública. Siguieron a esas censuras otras emitidas por representantes nacionales, litigantes y algunos funcionarios probos que inclusive afirmaron que en medios oficiales se estaba violando la Constitución que ellos mismos habían dictado.

Los comentarios adversos a la actividad del Órgano Judicial se convirtieron en una ola de denuncias que terminó de estallar en días recientes, cuando el Vicepresidente reiteró denuncias concretas y afirmó que “hay denuncias de corrupción sobre jueces que venden los juicios por 1.000, 2.000 o 3.000 dólares”, actitud por la que dijo “eso está muy mal” y adoptando una enérgica decisión señaló que “Si hay que botar a cierta gente, boten, castiguen, encarcelen, pero sean rápidos”.

A las enérgicas palabras de crítica de la segunda autoridad del país se sumaron las de otras autoridades e inclusive el presidente Evo Morales afirmó que “Otra debilidad que el Estado boliviano tiene es justamente la retardación de justicia y la corrupción”. Asimismo, confesando el fracaso de la reforma del aparato judicial, Evo Morales sostuvo: “La justicia se ha modificado con las personas que hacen justicia. Se ha democratizado la condición social de los jueces y fiscales, ¡excelente!, pero el resultado práctico frente al litigante sigue igual. Es decir, sigue una pena y una lágrima. Está muy mal la justicia, estuvo mal antes y hoy sigue igual”.

Como parte de esa avalancha de duras censuras a los funcionarios judiciales, la flamante Ministra de Justicia dijo que “usará mano dura” contra los culpables de delitos, que son encargados de operar con la justicia. Es más, ante la gravedad de la situación, se atrevió a señalar la causa de esa descomposición y apuntó textualmente que el origen del mal se encontraba en “el error de la elección de magistrados por voto popular”, método que fue oportunamente objetado por analistas y comentaristas de prensa, aunque sus opiniones cayeron en saco roto.

Las declaraciones de las máximas autoridades confirman que la reforma judicial que propusieron y pusieron en aplicación con la previa advertencia de la opinión pública, fue un fracaso evidente y ellas mismas serían culpables de que la justicia haya llegado a ese punto, al extremo que la presidenta del Consejo de la Magistratura haya declarado a los medios de comunicación “que es necesario cambiar a todos los operadores judiciales”, afirmación que trata de buscar solución al colapso de la justicia boliviana, lo cual significa la confirmación del aforismo jurídico que dice “A confesión de parte, relevo de prueba”,

En todo caso, algunas soluciones propuestas para resolver el colosal problema sólo serían parches y remiendos sin buenos resultados, ya que se limitan a considerar los efectos, sin tomar en cuenta las causas que lo originan.