Pacto fiscal

En el inicio de sus actividades de análisis sobre temas de la economía y la política, hace unos pocos días Fundación Milenio organizó el coloquio económico: Pacto fiscal, con la presentación del documento No. 27 (Dic. 2013) y el texto Pacto fiscal– Una oportunidad para la reforma de la Gestión Pública hacia el cumplimiento de las nuevas metas de desarrollo al 2025-, de la fundación Konrad Adenauer. Ambos fueron elaborados por destacados economistas que nos ofrecen periódicamente análisis valiosos en los temas de su competencia.

Con los límites que impone esta columna trataré de presentar algunos aspectos destacables sobre la materia. Primero, por supuesto hay que responder a la pregunta ¿qué es o qué se entiende por pacto fiscal?

Como lo resume Iván Velásquez C.: El “pacto fiscal” es un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado. “Es un acuerdo sociopolítico, que reconoce las obligaciones y derechos entre el Estado y los ciudadanos”. Esa definición simple se complica frente a las realidades socioeconómicas que enfrenta toda nación en determinado período de su vida institucional. Hay periodos de bonanza, como los que vive Bolivia en este momento y otros de fuertes restricciones en la disponibilidad de recursos económicos que permitan satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto. Esto determina situaciones de tensión entre regiones: Estado nacional, departamentos y municipios y entre los diferentes actores que componen la población del país.

Armando Ortuño Yáñez nos presenta un excelente resumen sobre los procesos de concertación y diálogo social sobre políticas públicas en Bolivia (período 2000-2012) sintetizados en : i) Diálogo Nacional “Bolivia hacia el Siglo XXI (1997); ii) Diálogo Nacional 2000; iii) Diálogo Bolivia Productiva (2003-2004) y iv) Negociación del capítulo de autonomías y de la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en la Mesa de Diálogo Gobierno-Prefectos en Cochabamba (2008).

Al presente (2014) y frente a una próxima elección, en el ámbito de un entorno económico caracterizado por un período de ingresos públicos extraordinarios debido a nuestras exportaciones de hidrocarburos y minerales, con unos precios internacionales nunca antes recibidos, se acrecienta el pugilato por un nuevo Pacto Fiscal, ya que Gobierno Nacional, Gobernaciones, Municipios y actores sociales quieren ser parte del festín, logrando la mayor tajada posible de esa torta apetecible.

Como apunta Rubén Ferrufino, la inteligencia del asunto es pensar en i) cuándo gastar, ii) en qué gastar y iii) cómo lograr que ese gasto tenga el mayor impacto posible.

Una de sus conclusiones que merece ser destacada es la afirmación de que “recuperando el concepto de pacto, en este documento se concibe al pacto como proceso de construcción de políticas públicas usando la institucionalidad formal del país, hecho que contrasta con la concepción tradicional en el que una institucionalidad paralela de la sociedad civil lidera el proceso”.

Esperemos que en los próximos meses en el debate y definición del próximo pacto fiscal prime la cordura y el interés nacional, antes que el de los pequeños grupos que apuntan a sus propios intereses, en detrimento del presente y del futuro de nuestro país.