Cuestionamiento y magistrados

Cuando el gobierno del Movimiento Al Socialismo convocó a elecciones para conformar las más altas magistraturas del Órgano Judicial, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que el mismo había elaborado y hecho aprobar, se levantaron voces que observaron esta medida. Es que si bien parecía democrática, al consultar la voluntad general, debía elegirse de los seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir por los militantes del partido de gobierno, quienes, por supuesto, eligieron a los recomendados de sus propias filas partidistas y no así a los más destacados profesionales del derecho por méritos.

Numerosas voces criticaron el procedimiento -nosotros lo hicimos en estas mismas páginas-, pues si antes los cargos judiciales eran “cuoteados” entre los partidos con mayoría parlamentaria, en la elección de 2011 se lo hizo por los preseleccionados por un solo partido, el de gobierno.

La postura de un cambio en el ya deteriorado Órgano Judicial, debido a la corrupción, el prebendalismo y la impostura -salvadas las excepciones-, vía la elección, resultó un fracaso, pues de inicio la mayoría de la población sufragó nulo y blanco, es decir rechazó a los candidatos preseleccionados partidariamente. Pese a ese contundente pronunciamiento de la voluntad del pueblo, el Gobierno posesionó a los nuevos magistrados, a quienes la picardía popular los denominó “masistrados” por su vinculación partidaria.

A más de dos años de esa elección forzada, el resultado fue peor que la enfermedad y hoy el Órgano Judicial se encuentra en completa descomposición, desde las más altas magistraturas hasta los simple jueces, y la crítica del pueblo, de las organizaciones sociales y gremios profesionales es puntual: no hay justicia en Bolivia.

Es cierto que la justicia boliviana adoleció casi siempre de falencias en su desarrollo, debido a la corrupción y sometimiento al poder político, pero a su vez hubo magistrados y jueces probos y respetables, que se ajustaron a la ley y no a otras influencias, en especial del poder político. Hace un par de años un juez del distrito judicial de Santa Cruz buscó asilo político en un país vecino, antes que someter sus fallos a las presiones políticas.

En el número 89 de la Revista Larga Vista del mes de julio de 2013, con el título de “Engaño en la elección de magistrados” se publica un largo comentario sobre los procesos planteados a los magistrados de las varias instancias del Órgano Judicial, por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, negativa y retardo de justicia, etc., y otras demandas anteriores incluso a su elección y posesión.

Igualmente el periodista Andrés Gómez en su columna de fecha 26 de enero del presente año, en el colega matutino Página Siete, con el título “¿Tienen autoridad moral para seguir?”, hace una relación de una serie de inconductas y excesos en el ejercicio de sus labores, de magistrados del Órgano Judicial, señalando nombres de los denunciantes, hechos denunciados y autoridades judiciales denunciadas, que no sólo importan asunto de fallos en casos del conocimiento de casos de esas autoridades, sino de uso de bienes públicos y recursos, influencias indebidas, falsedades ideológicas, etc., lo que nos lleva a la certidumbre de que autoridades judiciales carecen de uno de los requisitos fundamentales para ejercer esas funciones, la solvencia moral, aunque seguramente deben haber magistrados probos y dignos de las funciones que desempeñan.

Están en la conciencia política los varios casos de asesinatos, asaltos y robos, represiones políticas con saldo de muertos y heridos (Chaparina, Caranavi, etc.), que en años no han sido resueltos, menos enjuiciados los actores y responsables, más al contrario, algún ex ministro ha sido excluido por los fiscales, de toda investigación e imputación. En otros casos, por simple referencia de nombres de opositores en una libreta o computadora, están privados de libertad varios ciudadanos imputados mediante denuncia del Gobierno, por delitos de dudosa existencia.

El Órgano Judicial requiere de una reingeniería urgente, que haga posible su funcionamiento cabal, ajustado a los principios que señala la Constitución, de transparencia, probidad, honestidad, legalidad, debido proceso, etc.