Oficialismo niega “negociaciones” y ve intereses electorales de fondo

Diario brasileño señala plan conjunto para sacar a Pinto



Roger Pinto estuvo más de un año en una oficina habilitada como dormitorio. Por seguridad se le pedía portar chaleco antibalas en actos convocados por la oposición.

El DIARIO/Oxígeno/Diario Estadao.- En una operación secreta, el Ministerio de Relaciones Exteriores trató de retirar al senador Roger Pinto de la embajada de Brasil en La Paz, donde permaneció durante 450 días en espera del derecho a refugio en Brasil. El plan era enviarlo a Venezuela y Nicaragua en una acción acordada con el gobierno de Evo Morales, según informa el periódico digital Estadao.

Un grupo de cuatro diplomáticos brasileños discutió el plan en la capital boliviana con los principales asesores del presidente Evo Morales en un paquete que incluiría que el senador opositor tome un avión venezolano. La estrategia consistía en dejarlo sin destino preciso, luego de que él acceda a someterse a jueces que lleven adelante los casos en los que ha sido acusado.

Los detalles de la operación fueron confirmados a ese periódico, dice Estadao, por cuatro fuentes que tienen conocimiento de la operación y en esta investigación administrativa abierta para investigar la conducta del diplomático Fernando Saboia, quien fue protagonista de la fuga de Pinto hacia Brasil.

El diario informó que los diplomáticos que participaron en la operación encubierta bajo el mando del entonces Ministro de Asuntos Exteriores confirmaron la acción. El plan para tomar el senador de La Paz no funcionó porque él no aceptó la propuesta de viajar sin saber su destino. Por otra parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, murió durante las negociaciones.

La investigación que aclara la participación del diplomático Fernando Saboya está en la recta final. Este 18 de febrero de Saboia prestará un informe. Después de diez días, el colegio definirá si abre o no procedimientos administrativos en contra de él - lo que podría dar lugar a su despido de la función pública - o cierra el caso sin un castigo más severo.

Por otro lado, el gobierno brasileño aún no sabe si va a conceder refugio al senador opositor. El plazo vence el 28 de febrero, pero aún se está analizando la solicitud.

El Secretario Nacional de Justicia, Paul Abram, dijo que Pinto Molina puede pedir la renovación de la Policía Federal de permiso para permanecer en Brasil hasta la decisión final de la Conare. “Todo sigue dependiendo de los pasos que se han promovido en el proceso y aún dependerá de la respuesta”, explicó el secretario, quien agregó que el caso permanecía confidencial en el Comité Nacional para los Refugiados y por lo tanto no podía dar más detalles.

El abogado de Pinto criticó la demora, argumentando inestabilidad para su cliente, y acusó politización del caso. El Estado consideró que la resolución será emitida sólo después de las elecciones presidenciales en Brasil.

El abogado del senador boliviano, Tiburcio Fernando Peña dijo que el aplazamiento causa malestar a su cliente y demuestra que el proceso está siendo politizado. “En el momento en que llegó a Brasil, el Ministro de Justicia, me dijo que había interés en resolver el caso rápidamente, pero veo que el caso sigue siendo politizado”, dijo.

GOBIERNO NIEGA

En contraparte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, negó las afirmaciones de la publicación, asegurando que se trata de otro caso que apunta a desprestigiar la gestión del gobierno de Evo Morales, al iniciar la campaña electoral rumbo a los comicios de fin de año.

“El Gobierno no va a jugar con el sentimiento del pueblo boliviano y esa publicación no dice la verdad. El senador Pinto era responsabilidad de Brasil, estaba en su Embajada y por tanto el Gobierno no tiene nada que ver en su fuga. Incluso nosotros discutimos en la bancada porque pedíamos mayor seguridad y custodia, pero está claro que era responsabilidad del Brasil”, agregó.

Sobre el plazo para que el Conare defina la situación de Pinto, el diputado oficialista manifestó que es la Cancillería del Estado la que debe estar atenta al caso para ver la parte legal y la relación bilateral. “Esa es una responsabilidad del Estado y esperamos que la Cancillería tome previsiones porque el senador Pinto tiene cuentas pendientes con el país”, dijo.

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