Gobierno intenta poner orden en Ejército ante presunta corrupción

Bogotá.- El escándalo por la presunta corrupción en las compras y licitaciones del Ejército colombiano llevó ayer al Ministerio de Defensa a reconocer que hubo irregularidades en algunos contratos de ese cuerpo y a tomar las primeras medidas para salir al paso de las denuncias de prensa.

El caso, revelado por la revista Semana, ha causado revuelo no sólo porque saca a la luz el tráfico de influencias que se mueve al interior del Ejército, una de la instituciones más poderosas de la nación, sino también porque muestra la laxitud con la que son tratados algunos militares de alta graduación que están detenidos, informó Efe.

Según las conversaciones divulgadas por la revista, el eje de la trama, el coronel Róbinson González del Río, detenido desde 2012 en una guarnición militar acusado de ejecuciones extrajudiciales, manejaba desde la prisión los hilos de algunos contratos o por lo menos interfería en su adjudicación.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que ayer reiteró su “cero tolerancia a la corrupción”, admitió que una auditoría aleatoria hecha el último trimestre por la Inspección General del Ejército encontró diez contratos de la Aviación del Ejército “con una posible connotación disciplinaria por deficiencias administrativas”.

La Aviación del Ejército es una de las ramas mencionadas en las conversaciones sobre contratos amañados entre el coronel González del Río y un socio con el que presuntamente manejaba negocios desde la cárcel.

“Tomando en cuenta la gravedad de los hechos publicados en este tema contractual (...) le estoy solicitando a la Contraloría General de la Nación, así como a la Fiscalía General (...) se lleven a cabo todas las acciones e investigaciones que se consideren necesarias”, manifestó el ministro en una declaración a la prensa.

Pinzón anunció además que dio la orden de “llamar a calificar servicios al teniente coronel González del Río y su traslado a otro centro de reclusión”, y también dispuso el paso a retiro de “la cadena de mando” responsable del manejo de los centros de reclusión militar en la época en la que se hicieron las grabaciones, entre 2012 y 2013.

El vicefiscal general, Jorge Perdomo, consideró “inaudito” que militares detenidos se muevan con la libertad que tenía González del Río y recomendó “hacer una revisión de la política penitenciaria” en este caso concreto.