Retardación de justicia

Con el paso del tiempo y de los sucesivos gobiernos los procesos judiciales han ido también gravitando en el desenvolvimiento y la imagen no sólo del Órgano Judicial, sino también de la propia Administración del Estado.

Desde la época colonial hasta nuestros días, la “justicia” en Bolivia ha funcionado y ha sido direccionada al calor de circunstancias políticas, tráfico de influencias e incluso se ha mercantilizado sobradamente en los últimos años.

Se realizó una Cumbre Judicial para determinar medidas contra la corrupción en la que están sumidos fiscales, jueces e incluso magistrados, dando lugar a denuncias públicas de sus propios colegas. Se suman también la politización y el juego de intereses económicos, donde se conoce suficientemente el delito de extorsión por parte de redes con encubrimiento de altos funcionarios del propio Gobierno. La corrupción en el Órgano Judicial, en los diferentes juzgados, está tan expandida que incluso no se libran ni funcionarios subalternos, a quienes los querellantes o querellados les deben otorgar dinero para agilizar entregas de memoriales o para notificaciones, según el carácter o importancia de un juicio.

A ello se suma el extravío de documentación, sumándose la desidia de fiscales o jueces, sin atender con la celeridad que corresponde, además que se tropieza con obstáculos para obtener audiencias, las cuales muchas veces son postergadas, curiosamente por “viaje”, “reunión”, “enfermedad” o ausencia de esas autoridades, retardando a su antojo de esa manera los procesos judiciales, dando lugar a conjeturas por parte de litigantes.

En días pasados el Vicepresidente exteriorizó su preocupación por la retardación de justicia y manifestó que se tiene procesos judiciales que habrían durado más de nueve años. Esta apreciación es poca si se tiene muchos otros juicios que duran incluso 14 y 15 años, en espera de consideración de los estrados judiciales.

Es necesario tomar en cuenta las declaraciones del Vicepresidente del Estado y ojalá tengan eco en el Consejo de la Magistratura, donde sólo la presidenta de esta instancia judicial exterioriza su repudio e incluso denuncia a varios funcionarios judiciales que cobran y se han beneficiado con sobornos. Sin embargo es sorprendente el hermetismo de la Fiscalía General.

Todos esperamos que las declaraciones oficiales no sean simplemente enunciativas, como son las promesas de transparencia en el manejo de la cosa pública en todos sus niveles. Se deberá tomar conciencia de la grave situación en la que se encuentra el sistema judicial, cuya retardación de justicia sacrifica injusta, económica y moralmente a quienes tienen que recurrir a los tribunales en espera de solucionar algunos de sus problemas.