Defensor solicita investigar a dos fiscales por exclusión de Llorenti

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, en declaración a los medios de comunicación, solicitó ayer al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que inicie investigación contra los fiscales Rosario Venegas y José Ponce por la resolución que excluye al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, del proceso por Chaparina.

Villena lamentó que no se haya tomado en cuenta el informe defensorial sobre las vulneraciones a los derechos de los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en el cuaderno de investigación del caso, hecho que va en contra de la propia Constitución Política del Estado (CPE).

El documento habría sido recibido por los fiscales de turno desde su publicación en noviembre del 2011 desde el entonces fiscal General Mario Uribe, al día siguiente, Ponce y el 13 de diciembre de 2013 llegó al fiscal general interino, Weimar Guzmán.

Los artículos dentro de la CPE, 223 de la Defensoría del Pueblo y 225 del Ministerio Público, habrían sido vulnerados por la resolución que firmó la fiscal Venegas. Por ello, Villena anunció que solicitará una investigación a la jurista al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, además de incluir a Ponce por el presunto incumplimiento de deberes y funciones.

Sobre la resolución, el Defensor del Pueblo fue tácito al señalar que esto constituye una puerta abierta a la impunidad en el país, además de manifestar su indignación y rechazo por esta ratificatoria que libra de todo proceso al actual embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti.

“ESPIONAJE"

La autoridad del Ombudsman en Bolivia también se refirió a las denuncias sobre presuntas grabaciones de comunicaciones que vulnerarían los derechos a la privacidad de las personas.

Villena pidió una investigación a fondo mediante la Fiscalía, ya que el asunto podría involucrar a autoridades del actual Gobierno.

La versión surgió, debido a las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, al afirmar que sus conversaciones son “grabadas, supervisadas y fiscalizadas” por un sistema de Inteligencia, sin precisar datos, y que luego desdijo argumentando que fue “tergiversado y sacado de contexto”.

Como antecedente está la petición de investigación sobre el flujo de llamadas entre Flores y autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo que formuló el magistrado Gualberto Cusi, quien está seguro que existe injerencia política en los fallos del TCP.