Del racismo a la estupidez

Los afanes de control absoluto le asignaron el rol de alfombra del poder político. A fuerza de propaganda y consignas, al país le vendieron la utopía de que “democratizar” la justicia por vía del voto popular era “El” cambio de las promesas de cambio. Además de poner a Bolivia a la vanguardia como “ejemplo mundial” con la primera elección de jueces, se le dijo que las urnas le garantizarían un sistema de respeto a la Constitución, las leyes y los códigos. Se le prometió justicia oportuna, de igualdad para moros y cristianos, para pobres y ricos, sin distinción de militancias ni colores de piel. Pero sobre todo limpia, transparente e incorruptible. Una maquinaria electoral bien lubricada hizo el resto. El “voto popular” en octubre, minoritario al extremo del ridículo, eligió a los designados a dedo desde arriba.

Las promesas de “democratización de la justicia” tras un proceso costoso (porque el precio del tiempo en la historia es siempre alto, por mínimo que sea) se confirman falsas dos años después de lo previsto por el voto consciente, ese del 60 por ciento del ceño fruncido que le puso una cruz a la papeleta, que no se tragó la pildorita,

La realidad nos aterriza y se encarga hoy de moverle la alfombra al poder político, transformándola en un humilde tapiz de sendero de un tramo del proceso de cambio, cuyo final parece cada vez más incierto aunque transita, a paso firme, del racismo a la estupidez con todas las consecuencias previsibles.

El reconocimiento presidencial marca pauta de la magnitud del error, si se quiere con benevolencia darle un calificativo, que llevó a la justicia a su etapa más negra en toda la historia boliviana. “En vano incorporamos poncho y pollera en la justicia. No cambia nada”, dijo el Mandatario al advertir a los responsables (¿quiénes son y dónde están?) que “todavía tienen tiempo para cambiar la justicia”. Su poco habitual sinceridad y su conminatoria a cambiar, en tono de advertencia terminal, parecen reflejar su percepción sobre la difícil situación.

Cuando los intereses políticos o la soberbia impiden reconocer que algo está mal, un cambio de actitud puede ser primer paso hacia la solución de los problemas. Si eso es cierto, hay que tomar la declaración presidencial con beneplácito y esperar que esos “responsables”, quienesquiera que sean, asuman el reto. Por supuesto, la declaración tiene también su arista negativa. Hablar de poncho y pollera como receta principal para resolver el problema es, guste o no en estos tiempos, expresión de racismo y discriminación inadmisible en cualquier instancia y circunstancia. Pero condenable además si quien la hace es presidente de todos los bolivianos, sin distinciones ni clasificaciones.

La crisis en el sistema judicial no pasa por la vestimenta, el idioma que se habla, la religión que se practica o el color de la piel o de los ojos. Pasa por el respeto a una serie de principios y valores que norman nuestra vida en comunidad. Por el acatamiento a las leyes y códigos que debemos acatar, nos gusten o no, en todos los órdenes de nuestra convivencia diaria en comunidad. Y pasa también por un mínimo de dignidad y honestidad personal para reconocer la incapacidad propia o la falta de preparación profesional para ejercer determinados cargos.

A la luz de las recientes declaraciones de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, cuesta creer que esa instancia judicial esté en capacidad de dictar fallos justos, correctos y absolutamente encuadrados a ley. Cuesta reconocerle la necesaria autoridad moral y ética para juzgar los casos en que se recurre a esa instancia. Y sobre todo, cuesta creer un nivel tan alto de incompetencia y estupidez.

La denuncia y rectificación recientes sobre escuchas telefónicas del presidente de ese Tribunal entró por la puerta ancha a la historia del absurdo. El magistrado declaró el domingo, con total seguridad y ante cámaras y micrófono de televisión, que sus llamadas telefónicas son “grabadas, supervisadas y fiscalizadas” con fines de inteligencia. Pero el lunes dijo que su declaración fue “descontextualizada” por “actores políticos” y para “intereses particulares”.

Negar lo evidente atribuyendo lo que dijo a una “descontextualización” de sus palabras es absurdo. Pero, el colmo del desatino es su exhortación a los medios de prensa a actuar “con ética” para “mantener debidamente informado al pueblo”. Lo menos que habría que pedirle es un mínimo de inteligencia y sentido común para justificar lo injustificable.

Pero esa es sólo anécdota periférica. Las escuchas violan el respeto a la privacidad y eso no se agota con hablar de “descontextualización”. Pero, además, no descalifica el hecho recurrente de injerencia del poder político en la justicia, que está en la raíz de todo este embrollo.