Información: a cuenta gotas, opaca y deformada

La lamentable coyuntura de emergencias e inundaciones en el país ha eclipsado un conjunto de noticias que, luego de 32 años de desarrollo democrático, no debiera ser motivo de estas líneas. Me refiero al progresivo retroceso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública reconocido por el ordenamiento constitucional e internacional del que somos signatarios. Tres datos son ejemplo de que la información nos llega incompleta, deformada y a cuenta gotas.

Que conste, no me refiero a la nada convincente información relativa al Índice de Precios al Consumidor, cuyos indicadores no corresponden a la percepción generalizada de quienes visitan mercados, farmacias y librerías.

Un primer dato se refiere a la información definitiva y completa del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. La dilación registrada no sólo nos permite validar la premisa de que lo que comienza mal, termina mal, sino también demuestra la falta de compromiso gubernamental con este instrumento irrenunciable para conocer, sincerarnos con nuestra realidad y proyectar nuestro futuro. Los ajustes que son anunciados despiertan más sospechas que certezas. Esta lenta cocción de cifras parece haber sido programada para dilatar el Pacto Fiscal, cuyo tratamiento ya debió comenzar según los plazos establecidos por ley.

Un segundo dato se relaciona a la inexplicable dilación en la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, reitero, no está orientada a investigadores ni periodistas, sino al universo de ciudadanos. Hace 13 años, Bolivia conoció la primera propuesta de ley para comenzar su lento tratamiento. En ese momento estuvo en la vanguardia del conjunto de países en la región, hoy es uno de los últimos en seguir dilatando la aprobación de una propuesta que responde a un modelo internacional que nunca debió despertar tanta controversia. Lo notable es que el último proyecto del Gobierno introdujo artículos explosivos que la desvirtúan.

El tercer dato es la cereza de la torta. Que en un año, 499 peticiones de informe del Órgano Legislativo no hayan sido respondidas por el Gobierno, expresa el relajamiento de las competencias fiscalizadoras y el ninguneo de la función legislativa y fiscalizadora de nuestra Asamblea Legislativa. La imposibilidad de fiscalizar a la administración de ministerios y empresas estatales es una señal de retroceso, más aún cuando desde el oficialismo minimizan este hecho y sugieren crear un Ministerio de información pública para responder a los requerimientos del Legislativo. No entienden que la cultura de la transparencia y sus mecanismos institucionales de información debieran hacer parte de cada una de las reparticiones públicas y de sus máximas autoridades ejecutivas.

Lo más preocupante es que este déficit de transparencia no le quite el sueño a la gente y que más allá de las leyes, el problema radique en la actitud del poder frente a este derecho. Esa indiferencia ocurre luego de 8 años de bonanza a la cabeza de un Gobierno experto en ilusionismo publicitario. Pocos se percatan de que propaganda y publicidad no son lo mismo que información. Se nos acostumbró a la información maquillada. Esta confusión respecto a la esencia de la información y el propósito manipulador de la propaganda no es casual. Es el resultado de la saturación publicitaria del oficialismo, la cual a estas alturas es parte de la rutina y de los espejismos que, pese a las ocasionales quejas, terminan mareando al mismo Gobierno y a la sociedad.