Nacionalizaciones hipotecan al país

El fallo del Tribunal de Justicia de La Haya, a favor de la empresa inglesa Rurelec, parece que sería el toque de alerta para el Gobierno sobre la inconveniencia de las nacionalizaciones o estatizaciones de empresas privadas que trabajan en el país. Pese a que las experiencias -empezando por la nacionalización de las minas en el año 1952- han señalado muchas veces lo inconveniente de “atraer capitales, formar empresas y luego expropiarlas o estatizarlas”, porque es malo, no se aprende las lecciones que, además de acarrear descrédito y desconfianza hacia el país, implican serios compromisos financieros que, más temprano que tarde, deben ser honrados.

Las lecciones son muy duras y debieron servir para aprender y no cometer siempre los mismos errores: desde que el régimen del MAS inició su gobierno en el año 2006, fueron “nacionalizadas” 19 empresas extranjeras, hecho que implica para el país una deuda muy superior a los mil cien millones de dólares que, de todos modos, se debe pagar debido a laudos arbitrales y otros fallos.

La mejor forma de crear desconfianza, dudas y susceptibilidades contra el país es mostrar empresas que pasaron de manos privadas a situación de “reivindicación de derechos bolivianos”: empezando por el Complejo Vinto, la Empresa Petrolera Transredes, la suiza Glencore, la Petrolera Andina, la Empresa TR Holding Limitada, luego, dependencias de Petrobras en Santa Cruz y Cochabamba; las generadoras hidroeléctricas que hacen al Grupo Rurelec -caso sobre el que falló la Corte de La Haya por un total de casi 29 millones de dólares y que, resulta mucho menos de lo que aspiraba la empresa inglesa y que sobrepasaba los 142 millones de dólares-. ¿Y qué pasó con los 90 millones de dólares de deuda de Rurelec, de la que se hizo cargo el Gobierno? Otro es el caso Red Eléctrica de España que demanda el pago de más de 70 millones de dólares.

Algunas de las compañías mencionadas ya recibieron el tratamiento de pago por algo más de 500 millones de dólares en total; pero algunas de ellas reclaman mayores montos. Otro caso es el de la expropiación de bienes de Pan American Energy y, por otro lado, la exigencia de 17 millones de dólares por parte de la empresa ELFEC. Por efecto de nacionalización, la empresa AIR BP de la British Petroleum reclama el pago de 45 millones de dólares. Marginalmente se puede decir que están los casos de ENTEL y Fancesa que demandan pagos millonarios.

La Haya falló a favor de Rurelec por las empresas hidroeléctricas de Guaracachi, Valle Hermoso y Corani. Otras indemnizaciones millonarias serían por parte de Electropaz y algunas afiliadas de Iberdrola. Estas deudas millonarias son atentatorias contra el país y son producto de políticas equivocadas que creen que las nacionalizaciones “son positivas” cuando la realidad muestra todo lo contrario. El endeudamiento implica que la población boliviana, por habitante, debe alrededor de 1.200 dólares que, de todos modos se deberá cancelar. Las políticas equivocadas siempre tienen consecuencias que son muy graves.