El accionar de asaltantes, secuestradores, ladrones de toda laya, violadores, asesinos y otros delincuentes que pululan en los diferentes departamentos del país, se ha incrementado grande y gravemente. Las autoridades del Gobierno central, de las gobernaciones y los comandantes de la Policía, declaran el propósito de combatir tanto delito y todo queda en los simples propósitos o promesas; son raros los casos en los que se descubre y apresa a los autores, pues generalmente no se conoce la suerte de ellos en manos de quienes administran el Poder Judicial.
La inseguridad social en el país es tan grave que la población teme por su vida y el derecho a la vida no sólo consiste en mantenerse vivos, sino gozar de libertad, seguridad y bienestar. El derecho a la vida es un concepto muy amplio, pero los delincuentes no trepidan ante nada para cometer delitos de toda clase y hacen estragos con la seguridad de mujeres, niños, ancianos y personas de toda edad y condición. Para ellos no hay nada que valga más que sus intereses y tampoco hay límite para los excesos que cometen, porque están dispuestos a perder la vida, así tengan que segar la ajena con tal de satisfacer sus ambiciones, sus instintos y su condición de criminales.
La inmunidad con la que actúan los delincuentes llega al extremo de hacerlo con la seguridad de contar después con impunidad, porque parecen estar seguros de que los brazos de los poderes del Estado no los alcanzarán y cuando ello ocurre, será “fácil burlar a la ley y salir libres para cometer nuevas tropelías”. Hay casos en los que se debe lamentar que delincuentes caídos en poder de la Policía y puestos bajo la autoridad de algún Juez, éste o cualquier fiscal dispone su pronta libertad sin fundamentos legalmente válidos. Estas conductas no son otra cosa que burlar la Justicia “porque se es autoridad, se es juez o fiscal y ello da impunidad para violar las leyes”, así sea a favor de criminales.
Evidentemente, no somos el único país en el que la delincuencia hace de las suyas, porque otras naciones sufren idénticas y hasta peores situaciones, pero hay más efectividad en los cuadros policiales y, sobre todo, la administración de Justicia actúa con eficiencia, eficacia y responsabilidad; que habrá casos excepcionales de vulneración de las leyes, es innegable; pero, en general, se sanciona a quienes cometen delitos, se sienta precedentes y hasta se evita la repetición de algunos de los delitos.
El Gobierno tendría que hacer honor a sus propias declaraciones y promesas en sentido de poner coto a la inseguridad, debería reorganizar los cuadros policiales y actuar con la energía y la fuerza de las leyes; de otro modo, los males continuarán y podríamos llegar a situaciones como las que existen en Somalia, donde evidentemente hay leyes que se cumplen, pero las más no y campea la delincuencia en todo renglón de la vida de la población.
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