[Juan José Chumacero]

Abogados y estado de la justicia


La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, lamenta/denuncia corrupción y extorsión en el CMP. La Sala plena se molesta, pues no “autorizó” la misma. La Presidenta refuta y dice que lo hizo a título personal. ¿Qué ocurre? Están tan colonizados que temen todo/nada y por ello -al parecer- lo “mejor es quedarse quietos”. La nueva Ministra de Justicia alega retardación de justicia y menciona la -irregular- elección de Magistrados. Oficiosamente el Presidente del Senado la contradice, admitiendo -una vez más- el apoyo oficial a esa “elección”. Como sea, los magistrados hacen lo recurrente: investigar/convocar a reunión de “avaluación”. Se debe advertir, que los operadores de justicia, cuales fueren sus cargos, en ministerios, juzgados o patrocinantes, todos son abogados. Por ello el comentario gira en torno a su práctica y que incide en el estado de la justicia.

Si bien la justicia, a decir de Flettman (2010), es el orden de convivencia humana, ella consta en la igualdad de todos los miembros de la comunidad en la sumisión de las leyes. Entonces, el abogado es un perito en leyes que, entre otros, se dedica a defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de sus clientes. Su función básica es la preventiva a través del asesoramiento legal. Su deber es informar a su cliente de todos sus derechos legales en el litigio que patrocina. ¿Ocurre ello?, tengo mis dudas. Desde la práctica, debo convenir que el abogado negligente promueve la retardación como una estrategia.

El abogado Fiorilo admite/justifica que el estado de la justicia se debe a la carga procesal que deviene en una burocracia. Sólo en la ciudad de La Paz, en 2013 hubo 750 bajas médicas, 200 renuncias y 374 licencias por estrés, presión e insomnio. Hay 60 fiscales para una población de cerca de un millón de habitantes y por ello -a veces- un juez, un fiscal trabaja de memoria, pues la norma penal permite muchos recursos, lo que incita al abogado a ser chicanero. Entonces, ¿el incremento de la carga procesal causa retardación de justicia? Tengo mis dudas.

Hay otras taras que no necesariamente se relacionan con la carga procesal: corrupción, extorsión, negligencia etc., más bien tiene que ver con la tradición de que la “justicia es para el que tiene dinero”. Ello me recuerda el Quo Vadis (¿A dónde vas?), pronunciada por varios sofistas al huir de Roma para salvarse del emperador Nerón. ¿Por qué escapaban? Porque utilizaban la retórica para confundir/engañar. ¿El abogado es un sofista? Todo indica que sí.

La universidad tiene su “parte” en el estado de la justicia: espurios “catedráticos reciclados”; ausencia de supervisión/evaluación (académica), ausencia de metodologías de investigación, psicología y lógica en las carreras de Derecho que cultivan su mediocridad, ¿la prueba? Visiten los juzgados y “observen” a los “estudiantes de derecho como pasantes” (futuros abogados) y comprobarán que éstos le ponen ya un “precio” a su tiempo. Exacerban “pesimismo” en los litigios con la finalidad de infundir “temor/confusión” a las víctimas y sonsacarle prebendas (dinero), que “abona” la corrupción.

Finalizando, el estado de la justicia requiere 1) abrogar el Código Penal neoliberal que incita al abogado a “delinquir”; 2) que la universidad evite las “mañas” como parte del currículo y 3) la urgencia de un nuevo Código de Procedimiento Penal descolonizador que “eduque/capacite” al abogado. ¿Se podrá?

El autor es Director del Centro de Investigación, Servicios Educativos y de Comunicación (CISEC).

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