El jurista Milton Mendoza advirtió que los problemas que han generado la retardación de justicia y las reformas son a mediano y largo plazo, pero los que se han presentado a raíz de éstos y otros problemas necesitan la toma de medidas urgentes.
De acuerdo a la autoridad, los principales problemas que en el momento deben tomarse con celeridad son la creciente demanda de causas, la congestión de los mismos, la retardación de justicia, la corrupción y la poca independencia judicial.
“Inicialmente debemos entrar directamente a identificar los problemas, particularmente en el área penal, porque en este caso en el momento existen serios problemas como la cifra del 84 por ciento de detenidos y 16 con condena, es realmente alarmante y lo que tenemos que saber es del por qué estas cifras”, manifestó.
Según Mendoza, “para el efecto se deben buscar salidas alternativas que están previstas en la ley, para lo cual es necesario generar seguridad respecto a las detenciones preventivas y que posteriormente se pueda pasar a la justicia civil, el mismo que a partir del 6 de agosto de este año será mucho más identificable, porque en estos casos se estarían aplicando el nuevo código procesal civil”.
Entre una de las más importantes son mantener los derechos, porque la ley señala que no deben haber investigaciones que superen los seis meses, pero que en la actualidad superan más de dos años, además dicha ley también recuerda que no deben existir procesos sin sentencia que supere los tres años, sin embargo en la actualidad estos durarían más de 3 a 4 años.
“Son temas urgentes que no son de reforma judicial, pero ahondaría en parte, dicha necesidad de credibilidad de la ciudadanía, porque en la actualidad este aspecto ha dejado mucho que desear, especialmente en todos los ámbitos del sistema judicial”, aseveró.
Mendoza, también indicó que otro de los problemas que deben tocarse con mucha celeridad es la capacitación del personal judicial, porque para analizar reformas necesariamente se deben hablar de expertos, ya que -según el jurista- las autoridades judiciales en el momento no están capacitadas para emprender reformas de proceso judicial, como el Consejo de Magistratura, ni el Tribunal Supremo ni el Agroambiental y mucho menos el Tribunal Constitucional.
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