UMSA advirtió de la vulnerabilidad en 2009

El estudio denominado “Hidraúlica y Morfología del Río Madera”, coordinado por el ingeniero hidráulico Jorge Molina, realizado en el período 2008-2009, advirtió que la probabilidad de que el funcionamiento de las hidroeléctricas brasileñas de Jirau y San Antonio tenga impactos negativos en la frontera sobre territorio boliviano es alta, lo que ocasionaría inundaciones en el tramo binacional del río Madera, además de impactos ambientales y sociales.

De acuerdo al trabajo del Instituto de Hidraúlica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), desde Brasil ya se preveía el aumento de los niveles en territorio brasileño y la consiguiente inundación como consecuencia del funcionamiento de las represas, pero se negaba la posibilidad de que aquello también sucedería en el Bolivia.

Sin embargo, Molina sostuvo el año 2012 al Periódico Digital del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB) que “el río natural va a ocasionar inundación en un tramo aguas arriba de donde están las represas. Brasil afirmaba que la elevación del nivel del agua, por tanto la inundación, sólo iba a suceder en territorio brasileño, lo que nosotros demostramos con el estudio es que ese efecto de elevar (el caudal) se iba también a producir en Bolivia, en el tramo binacional del río Madera”.

El río Madera es el principal afluente del río Amazonas tanto por caudal como por longitud. En su confluencia con el Amazonas, el río Madera es uno de los cinco ríos más caudalosos del mundo, drenando un área de 1.420.000 kilómetros cuadrados. Es además la fuente principal de sedimentos en suspensión y sólidos disueltos de la Cuenca Amazónica.

Molina señala en su estudio que la represa de Jirau fue inaugurada por la propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que se preveía el inmediato funcionamiento de San Antonio, pero que desde Bolivia no se cuenta con ningún sistema de monitoreo que permita medir y evaluar los impactos de las hidroeléctricas a medida que pase el tiempo.

“No tenemos ningún sistema de monitoreo instalado, pero el Gobierno (nacional) tampoco tomó ninguna decisión de instalar, sólo tenemos avanzado un diseño preliminar de un sistema de monitoreo realizado por privados”, afirmó el experto quien advierte que al Estado boliviano sólo le quedará solicitar la indemnización por los impactos que se darán.