La investigación al Fondo Indígena

Como parte de la división que existe en el campesinado del país, a mediados de diciembre se produjo un abierto enfrentamiento entre grupos antagónicos en torno a la conducción del llamado Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, choque que culminó cuando una de las partes en conflicto ocupó la sede de esa dependencia. Entre las causas de ese impase se señaló que existían turbios manejos financieros.

Haciendo el seguimiento del caso se observó que la pugna llegó al rojo vivo por el interés de ocupar la sede de dicha entidad, más conocida como Fondo Indígena, la misma que recibe cuantiosos recursos (que pasarían de 200 millones de dólares), provenientes de los Hidrocarburos (IDH) y que según altas autoridades nacionales debían ser empleados en proyectos productivos y no así en capacitación o realización de cursos, lo cual habría desnaturalizado el objetivo de esa dependencia.

Las denuncias en torno al movimiento económico del Fondo Indígena, que estuvieron a punto de llegar a la violencia, originaron inclusive que el presidente Evo Morales, ante las denuncias de irregularidades, instruya a la Contraloría General del Estado que realice una “profunda” investigación a los proyectos y recursos ejecutados. Tal decisión fue respaldada por la Csutcb, cuyo principal dirigente afirmó que en el Fondo Indígena “había como una mafia, proyectos sospechosos que no se ejecutaron bajo complicidad de algunos exdirigentes”.

Las denuncias sobre dolosas actividades financieras en el aludido Fondo fueron más allá y se comentó que había servido para financiar proyectos en los pueblos indígenas originarios campesinos, manejados a través de un directorio que no actuó de manera transparente, siendo necesario reestructurar esa oficina y cambiar de directores, previa una auditoría técnico-financiera-económica para ver dónde están los proyectos ejecutados, de los más de 800 que no fueron ejecutados y que no fueron cerrados económicamente.

La crisis en el Fondo Indígena estuvo por llegar a las manos entre las dos corrientes en las que está dividido el movimiento campesino del país. Sin embargo, la instrucción presidencial para que se realice una “profunda” investigación a la actividad financiera atenuó la situación y finalmente se impuso el grupo que señaló que era partidario de que ese organismo supere la pesada burocracia para la aprobación de proyectos. Y es que al presente, para aprobar un proyecto se debía dar 40 pasos, pesada burocracia que debía ser sustituida por un equipo multidisciplinario, “como el que administra el programa “Bolivia cambia”, para así agilizar la ejecución de los proyectos en beneficio de los comunarios.

Sin embargo, pese a los ofrecimientos, instrucciones, amenazas, sugerencias y la misma orden presidencial a la Contraloría General del Estado para que realice una “profunda” investigación, al parecer hasta el presente no se ha avanzado en las investigaciones anunciadas. Se estaría echando tierra al asunto, dejando en el misterio el asunto de los 200 millones de dólares que habría manejado la directiva del Fondo en años anteriores, la misma que fue calificada como una “mafia” que sería responsable de “proyectos sospechosos que no se ejecutaron”. Ahora dando un “golpe de timón” se debería trabajar “en forma transparente sin dar vueltas”.