Retardación de justicia

CN en campaña por excívico Moza y Vaca



FELIPE MOZA, DETENIDO CINCO AÑOS EN SAN PEDRO.

Representantes de organizaciones cívicas, populares y líderes regionales, entre ellos el diputado de Convergencia Nacional (CN), Adrián Oliva, iniciaron una campaña departamental de recolección de 70 mil firmas, adhesiones con las que se pedirá al mandatario Evo Morales que intervenga ante la justicia en el caso del excívico de Villamontes, Felipe Moza, y el ciudadano José Vaca, que se encuentran en calidad de detenidos preventivos por más de cinco años.

“Recorreremos las ciudades, las provincias y las comunidades campesinas e indígenas para recabar las firmas de adhesión a esta causa y condenando el abuso de poder y la retardación de justicia”, declaró el diputado Oliva.

Para formalizar su petición, las organizaciones tarijeñas presentarán un memorial al presidente Morales para que en su calidad de Jefe de Estado intervenga y actúe, a través del Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado para lograr la libertad de Moza y Vaca, informó el legislador.

Oliva responsabilizó al Gobierno del presidente Morales y a la justicia boliviana por la situación de Moza y Vaca y señaló que los errores cometidos en la reforma de la justicia tienen como consecuencia este daño a las personas, haciéndolas víctimas de la persecución e injerencia política y la corrupción judicial que el propio Presidente ha reconocido.

Moza ya hubiera sido liberado hace un año o dos, pero las deliberadas ausencias a más de 80 audiencias judiciales por parte de autoridades judiciales, fiscales o inclusive jueces ciudadanos lo impidieron.

Inclusive un fiscal asignado al caso no acudió a esas audiencias, durante 9 meses (2013), la denuncia de esa situación logró que finalmente esa autoridad “dé la cara”.

Fueron más de 80 audiencias a las que el detenido tuvo que asistir para retornar a su celda en el penal de San Pedro.

Moza fue detenido en 2008 bajo la sospecha de participar en el atentado a un gasoducto, la acusación en su contra por “estragos a bienes del Estado” tiene una pena de cuatro años, es decir, de haber sido juzgado el excívico ya hubiera salido de la cárcel.

 
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