Esperadas garantías e inversiones

La esperanza de que la proyectada Ley de inversiones otorgara seguridad jurídica parece desvanecerse y en lugar de ello traza el camino de nuevas nacionalizaciones, en los casos en los que resulte comprometida la “soberanía” o por motivos de “interés público”. Ambos son recursos a los que echan mano los gobiernos con facilidad. Como se vienen acumulando fuertes adeudos por disposición de tribunales internacionales por causa de nacionalizaciones ya efectuadas, el Gobierno estudia además medidas de rechazo al arbitraje o garantía final de las inversiones empresariales.

Los pedidos de reglas claras y seguridad jurídica para nuevas inversiones fueron escuchados no sólo en el país, sino también en círculos diplomáticos como la Unión Europea, que ésta preocupada tanto por inversiones afectadas de sus países miembros, como en espera de una ley que “frenara” las nacionalizaciones, aspecto con pocas posibilidades en lo proyectado. Los empresarios nacionales no fueron ni son parte de la comisión gubernamental que viene redactando el proyecto de ley y tampoco son convocados cuando se dan los últimos toques.

Según fuentes oficiales en el presente 2014 las inversiones extranjeras no pasarán de los 1.500 millones de dólares, mientras el capitalismo de Estado sigue creciendo, aunque sin un norte claro. Este crecimiento, en gran parte creado al amparo de las estatizaciones, goza del aplauso de algunos sectores sociales persuadidos de que se trata de “recuperar el patrimonio nacional”, pero sin caer en la cuenta de que las experiencias propias y extrañas evidencian la mala administración estatal, sobre todo por un manejo político de las empresas que pasan a ser estatales, manejo que se traduce en burocracia, derroche e irresponsabilidad que, a la corta o a la larga, significan una carga para la Hacienda Pública.

Este panorama muestra un escaso deseo de otorgar aliento a las inversiones internas y externas, en perjuicio del crecimiento del empleo formal, sin duda primera necesidad de la economía nacional, privando a la vez al Estado de impuestos saneados y de otros beneficios.

La disposición del Primer Mandatario de nacionalizar la empresa Manaco si se constata “abusos” o “desmantelamiento de la industria”, echa por tierra las garantías esperadas para el reflote de las inversiones, en un clima que se enrarece más. Un decreto supremo establece que si una empresa acusa quiebra puede ser reconducida por los trabajadores. Es con esa perspectiva que la idea nacionalizadora de Manaco cuenta ya con apoyo del sindicato y de parlamentarios oficialistas, pero nadie garantiza que la historia señalada se repita cuando el Estado tenga que correr con todas las cargas.

Manaco es la última manufactura nacional emblemática con 70 años de antigüedad y que además de cubrir la demanda interna representó al país en los mercados externos. Si existe un problema empresa-trabajadores, hay los mecanismos legales y administrativos para atenderlo, pero saltarlos con una nacionalización o estatización a cuestas no es lo normal ni adecuado.