Un pueblo castigado

En estos días pre-carnavaleros la naturaleza está castigando a varias poblaciones, en especial del hermano departamento del Beni, inundando sus poblados, campos de pastizales donde se cría ganado, caminos vecinales y amenaza a la capital departamental, así como a otras ciudades menores. Los numerosos ríos que de ordinario dan vida a la tierra de las riberas, ahora se han desbordado de tal manera que todo parece un enorme lago, con el lamentable resultado de pérdida de vidas humanas, viviendas, enseres, ganado vacuno y todo lo que constituía el patrimonio de sus habitantes.

Alrededor de 250 mil o más personas han sido afectadas, 10 mil hectáreas de terreno están anegadas por el agua, más de 100 mil cabezas de ganado están sobre las pampas inundadas y miles de ellas han perecido; los pobladores han perdido todo. Pareciera un castigo que anualmente anega a estos pueblos, sin que las autoridades gubernamentales encaren políticas de prevención de riesgos en esas zonas y sólo cuando se producen los desastres, entonces hacen alarde de solidaridad. Y en la situación actual, sobre la desgracia de estos pueblos hermanos, la propaganda política electoral de costos millonarios destaca las labores de auxilio y asistencia a los afectados.

Las imágenes emitidas por los medios de comunicación televisiva son elocuentes, en las que se ve a niños, mujeres y varones con el agua hasta el cuello y, como agravante, de sectores sociales de relativa pobreza. La ciudadanía se ha solidarizado ante el desastre, pero poco se puede hacer ante la magnitud del mismo, sólo esperar el decrecimiento de las aguas y luego vendrá la etapa de reconstruir, en alguna medida, aunque el Presidente candidato ha ofrecido reponer todo lo perdido, esperemos atentos.

Las causas de estas inundaciones, además de las lluvias de estación que cada vez son más abundantes, serían los trabajos que ha realizado el Brasil para la construcción de represas generadoras de energía, sin que oportunamente, pese a que algunos entendidos en la materia alertaron a tiempo, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores hubieran hecho conocer las preocupaciones y reservas sobre esas obras que afectan a ríos de curso sucesivo.

Si bien las inundaciones afectaron también a zonas de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Pando y Santa Cruz, ha sido el Beni el más afectado, aunque el Gobierno nacional tozudamente se negó a declararlo zona de desastre, con argumentos más de carácter político partidista, que atendiendo a la realidad. Incluso la primera autoridad departamental, el Gobernador, de tendencia opositora al partido de gobierno, fue detenido abusivamente por autoridades policiales en el aeropuerto trinitario, con el argumento de que llevaba alrededor de 30 mil dólares americanos a otra población, suma irrisoria si la comparamos con el valor de alguno de los automóviles blindados adquiridos para proteger la vida del caudillo del proceso de cambio (?).

Pareciera que el pueblo beniano recibe un doble castigo, uno de la naturaleza que con las aguas le ha privado de todo, y otro por el Gobierno que no recibió los votos que pretendía en las elecciones para Gobernador, seguramente siguiendo la lógica del Presidente: “si nos apoyan les damos todo” y a contrario sensu, si no nos apoyan nada les damos. La declaratoria de desastre permitiría que la comunidad internacional y los organismos internacionales hagan llegar ayuda a los necesitados. Algunas organizaciones y países ya lo han hecho, aunque no en la cantidad necesaria. Argumentar que primero está la soberanía, es una soberanía estulticia, pues nuestra realidad social boliviana es que seguimos siendo un país de escaso desarrollo.

Lo inteligente hubiera sido que el Gobierno determine suspender el carnaval, fiesta evidentemente heredada de la colonia. Pero llama la atención que sean precisamente los descolonizadores los que más festejan esta fiesta, que en verdad desnuda las contradicciones con las que vivimos, pues para algunos el carnaval será de lágrimas y para otros de alegría.