Poncho y pollera ¿inculpados?

La severa crítica lanzada por el Jefe de Estado ante el fracaso de la administración de la Justicia boliviana y el frustrado esfuerzo para desterrar la retardación de justicia y la corrupción, a sólo dos años de la elección de autoridades judiciales, imputando este descalabro a la incorporación de profesionales de “poncho, pollera y sombrero” en estrados de aquella magistratura, coincide con la posición de su propia Ministra del ramo, que manifestó que fue “un desacierto” el voto directo tras la reforma constitucional promovida por el oficialismo en 2009.

Al respecto, la misma autoridad tomó como ejemplo que se ha suspendido en la gestión 2013 al menos a 50 jueces de un total de 850 a nivel nacional, por imputaciones formales o procesos disciplinarios, haciendo conocer finalmente su deseo y propósito de que una elección futura esté basada en méritos. Al mismo tiempo expresó su esperanza para que los operadores de justicia cambien esta penosa y funesta imagen, a corto plazo.

Al margen de la meritoria autocrítica de la primera autoridad al admitir defectos pasados, errores y equívocos, el problema capital es la administración de justicia y encontrar probables soluciones posibles.

No obstante lo anterior, recordemos que en la instancia de elección de magistrados, el oficialismo parlamentario soslayó y pasó por alto la exhortación de NNUU en Bolivia, así como las advertencias y sugerencias hechas por autoridades judiciales, Colegios de Abogados, etc., en sentido de elegir a los mejores hombres y mujeres para el desempeño independiente de estas responsabilidades, buscando mejorar los mecanismos de selección para un mejor proceso, garantizando una mejor transparencia a través del concurso público de méritos.

Al no ser consideradas tales recomendaciones se enfangó aún más el proceso, invalidando a profesionales antiguos de amplia trayectoria y experiencia legal, subalternizados en aquella instancia por personal “investido” de prerrogativas extraordinarias y propenso al desacierto, en un proceso fingido y aparentemente “democrático participativo”, calificado por el oficialismo como “inédito”.

Es decir que definitivamente hoy la valoración y nombramiento de magistrados en todos los países del mundo se constituye en una verdadera estrategia de evaluación de la conducta humana, considerando particularmente la importancia de su futuro y consciente desempeño.

Por ello toda política oculta y avasalladora que quebrante la independencia y la dignidad del Poder Judicial, dicho sea de paso, de la misma libertad de prensa por parte de los gobiernos, conllevará inexorablemente -como al presente- el fracaso y la frustración, ya que tiene bases precarias y transitorias, pues dependen de que no sean descubiertos los hilos de los que se vale el manipulador.

En conclusiones, de nada sirve llorar sobre la leche derramada, nada hay que hacer, sólo aprender la lección.

¿El pecado es de la estructura judicial? Las estructuras no pecan, son inocentes, pero pueden ser eficaces herramientas colaboradoras del mal y la corrupción, y hoy son utilizadas no sólo para cometer injusticias, sino también para justificar esas mismas injusticias.

El autor es abogado.