¿Cuándo se resolverá el caso Chaparina?

Lo sufrido por los campesinos del Tipnis, con la represión producida el domingo 25 de septiembre de 2011, es muy lamentable porque se atentó seriamente contra los derechos humanos por el atropello y vandalismo sufrido por acción de las fuerzas policiales, debido a instrucciones precisas recibidas de sus superiores.

Cuando se produjeron los hechos, contrarios a las leyes desde todo punto de vista, sufrió toda la población nacional y el caso repercutió en organismos internacionales que condenaron los hechos totalmente contrarios a los derechos que tienen los campesinos del Tipnis y velando por su seguridad y vida. Desde la conclusión de los abusos, según las propias autoridades, fueron hechas investigaciones, se dijo que se identificaría a los responsables intelectuales y materiales, que actuarían los tribunales de Justicia, se conminó a los fiscales para que realicen las investigaciones más precisas; sin embargo, todo quedó en el mundo de las instrucciones, decisiones y nada se hizo, o lo poco avanzado no tiene visos de concluir, es decir trámites en los estrados judiciales como corresponde.

¿Qué pasa con el caso Chaparina? ¿Es que los campesinos del Tipnis -y con ellos todo el país- no merecen que los tribunales respectivos investiguen y lleguen a conclusiones? ¿No corresponde que los más o menos identificados sean puestos a disposición del fiscal respectivo para aclarar muchos hechos? ¿Corresponden los premios especiales a quienes se supone -o se cree con seguridad- que son culpables? Hay, pues, muchos interrogantes al respecto que las autoridades pertinentes deberían responder.

Los campesinos del Tipnis no han recibido -como en otros tiempos y por haber sido afectados por abusos en otras regiones del país- compensación alguna por los daños sufridos. Mujeres, niños, ancianos y personas de toda edad sufrieron la represión plena de abusos y en nombre de quienes, no estaban de todas maneras, de acuerdo con la marcha y sus reclamos en relación con la construcción de una carretera que cortaría en dos su territorio y, además, afectaría seriamente sus propiedades, el medio ambiente y la naturaleza. En realidad, los campesinos de Isiboro Sécure han pagado muy caro por la defensa que hicieron de tierras y selvas que son propiedad de todo el país y, por su concomitancia con el medio ambiente, de todo el mundo.

Es urgente que se aceleren los juicios y otros procedimientos para hacer justicia a los pobladores del Isiboro Sécure; la Justicia debe actuar sin contemplación alguna y dentro de los principios de equidad y ecuanimidad al margen de otros intereses creados que hubiese en relación con el territorio que, hasta ahora, no encuentra visos de solución de los diversos problemas planteados.