La declaración de amenaza de abandono, y/o renuncia por parte de Chile al Pacto de Bogotá y a la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya, manifestada por el nuevo canciller Heraldo Muñoz, en el supuesto caso de revisión futura de nuevos tratados interpuestos ante la CIJ por parte de terceros países litigantes en contra el suyo, revela la cólera natural de su Gobierno por el contraste sufrido por la reducción de su espacio marítimo a favor de Perú.
Pero descubre principalmente el “pánico” ante una futura reiteración de la resuelta y valiente determinación de la CIJ en cuanto a la revisión de tratados y acuerdos por arreglo de partes o regidos por tratados, lo que imposibilitaba hasta hoy la letra muerta del Art. VI del Pacto de Bogotá, coincidente con la doctrina de la misma Corte, cuya jurisdicción y competencia reverencian una misma “escuela”.
El hecho es que para bien y provecho de nuestra actual demanda marítima, la CIJ, al constituirse en tribunal de casación, es decir en la más alta jerarquía dentro la organización judicial internacional, al revisar el actual tratado en la controversia Chile-Perú, basado en actuales y modernas normas imperativas de derecho internacional retroactivas y ultra activas sobre la condición de validez de los tratados, ha ¡sentado jurisprudencia!, de obligado acatamiento futuro por todos los países y tribunales sometidos a su jurisdicción y competencia.
Es decir que los tratados internacionales en sus múltiples formas de acuerdos, actas, ratificaciones, protocolos, etc. a partir de la fecha podrán ser modificados y/o invalidados por causales o fundamentos justificados, como en el caso nuestro por el absurdo e irrazonable Tratado de 1904, viciado de nulidad y sujeto a su extinción por la ruptura, además, de relaciones diplomáticas con Chile, al haber sido impuesto bajo coacción, acoso y hostigamiento en un territorio conquistado por la fuerza, como resultado de una guerra no declarada. Esto último como requisito y condición “sine qua non”, regida hoy por convenciones en esta materia para su respectiva revocatoria o anulación.
Recordemos, por otra parte, que la Corte dejó entrever -entre líneas de su auto final- que Chile no debiera ser forzado al diálogo con nuestro país en el tema de salida al mar con soberanía. En consecuencia contamos hoy con una opinión felizmente tácita y aventajada en el proceso de nuestro recurso.
Por lo señalado, el trámite de nuestro expediente iniciado ante la CIJ de la Haya debe continuar con mayor fortaleza e intensidad, renunciando en todo momento a ingenuas expectativas para tratar de encontrar “espacios de diálogo” o “niveles de confianza”, por el impenetrable y obtuso muro araucano.
Michelle Bachelet, la “dama de hierro”, “reitera totalmente la imposibilidad de salida al mar para Bolivia con soberanía”, alegando torpemente que “la cesión de soberanía no está en discusión y en eso somos categóricos” (…). Tales aseveraciones nos revelan de manera fehaciente el perfil de su personalidad, así como su futura respuesta “geopolítica” a nuestra demanda.
Es decir que aun en la actual coyuntura, la política de Estado chilena está cantada desde el Siglo XIX.
A ello debemos añadir otro hecho actual, la carrera armamentista de este país, que se ha mantenido inalterada (desde 1989 hasta el 2013), resumida en la entrega del tercer “libro de la defensa de Chile” -de autoría de la misma dama-, que en su parte pertinente intenta justificar su exagerada y peligrosa carrera armamentista, advirtiendo que “las adquisiciones continuarán, por tratarse de una política de Estado”.
En conclusiones, la nueva postura y amenaza chilena presente es cínica, ya que advierte su ulterior fracaso en La Haya, aunque para ellos será tinta en papel mojado, pues seguirán hegemonizando en la zona, rehusándose a la unidad continental, como nadie en América. Así, pues, debemos convencernos de que nos encontramos frente a una proactiva y agresiva geopolítica chilena, por lo que dejemos de ser espectadores pasivos e inermes.
El autor es abogado.
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