Menudencias
“... había visto en la mañana que esa pasarela estaba mal. Cuando su comitiva estaba pasando (por el lugar), dice que (se) estaba moviendo.
Si se estaba moviendo, ¿por qué no hizo parar (la entrada)? Es una irresponsabilidad, una negligencia...”.
La declaración del dirigente de la Banda Poopó, cuatro de cuyos integrantes murieron aplastados por los fierros y la gente que les cayó desde la pasarela usada como tribuna, resume la idiosincrasia de autoridades, no importa su nivel, cuyo común denominador de improvisación es el “no me importan los otros o a mí no me miren”, que termina siempre en el “lamento mucho” y los anuncios consabidos de castigo a culpables que no conducen finalmente a nada.
Es suficiente el sentido común para saber que esa pasarela constituía un peligro potencial. Según los datos técnicos, su estructura podía soportar 350 kilos de peso por metro cuadrado. Exagerando, hasta 500, que significaría un máximo de nueve personas. Pero fue concebida como paso peatonal, no como tribuna y había que garantizar que se la use como tal.
La tragedia impactó por el escenario y el interés que concita el carnaval de Oruro. Pero el mismo nivel de irresponsabilidad (de algún modo hay llamarla) habría que investigar en el caso de las inundaciones en el Beni. Las de este año fueron las más graves de los últimos cincuenta, según la memoria histórica de la gente que las sufre. El dato se avala comparando los daños materiales que provocaron entre enero y febrero, con los de gestiones pasadas.
Es un récord negativo, pero tal vez no sea definitivo. La posibilidad de que las inundaciones se repitan en el futuro, cada vez con mayor frecuencia y aumentadas, es muy grande. Y no depende sólo de lluvias más intensas que las de este año, como para echarle la culpa sólo al cambio climático.
Desde que comenzó el proyecto de construir dos grandes represas en el Brasil, se sabía ya que tendrían repercusiones negativas, directas e indirectas, en Bolivia. Se hablaba incluso de involucrar en esos proyectos a nuestro país para compensarle por daños eventuales. Cuando todos vieron o supieron, aquí y allá, que las máquinas trabajaban, nadie hizo nada. Buen aliado político el presidente Lula.
Las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio serán la
segunda y tercera más grandes del Brasil, después de la de Belo Monte. Terminadas, en el 2016, generarán el nueve por ciento de toda la energía producida en ese país. Para ello, según las empresas concesionarias, se inundará 230 kilómetros cuadrados de selva. Pero el Instituto de Investigaciones de la Amazonia, ajeno al negocio, estima que serán 529 y que afectarán cinco territorios indígenas y seis unidades de reserva ambiental, incluyendo un parque nacional.
Los grandes reservorios de agua acumulada están cambiando el hábitat natural de toda su fauna terrestre y fluvial aun antes de que las usinas funcionen a pleno. A principios del 2012, apenas después de las primeras pruebas en Jirau, la fuerza de las aguas liberadas del río Madera que estaban contenidas por la represa erosionó sus riberas y su embalse provocó gran mortandad de peces. “Si usted llena esas áreas y deja todo inundado el año entero, dice el biólogo Philip Fearnside, del Instituto de Investigaciones de la Amazonia, los árboles se van a descomponer, las hojas se pudren y liberan” anhídrido carbónico.
Lo que ocurre ya en Brasil, ocurre también en Bolivia, aunque alguna autoridad del gobierno reduce el tema a las inundaciones y declara que se le había informado que “no era muy probable que esa presa (Jirau) genere inundación” porque está a 80 kilómetros de la frontera.
El alcalde de Guayaramerín, Alexander Guzmán, informó que la pesca en los ríos de la región bajó a la mitad. “Guayaramerín y Riberalta viven mucho de la pesca turística y comercial y uno de sus principales ingresos se ha reducido”. Jorge Molina, experto del Instituto de Hidrología de la UMSA, informó que “los impactos que se han previsto, ya se están produciendo. Estamos recibiendo daño en la población y en nuestro territorio, en la fauna y flora”. Según Marco Ribera, del Lidema, el surubí, el pacú y la yatorana, que son peces migratorios, no pueden cumplir su ciclo vital por las barreras de las represas en los ríos que recorren.
El problema no se reduce, pues, a los grandes y graves daños de las inundaciones que el gobierno consideró insuficientes para declarar estado de emergencia. Afecta a todo el hábitat de nuestra amazonia con grandes cambios negativos, cuyas repercusiones humanas, económicas y sociales son aún difíciles de cuantificar. Pero que representarán un gran desastre ecológico. Tal vez entonces alguien se anime a declarar Estado de Emergencia, aunque más no sea para exigir compensaciones por encima de afinidades ideológicas.
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