El Gobierno demoró más de dos meses para proceder con las detenciones de los avasalladores de propiedades agrícolas en Santa Cruz. Tras un operativo realizado este miércoles, el Ministerio Público detuvo a un dirigente supuestamente “cabecilla” de estos grupos que operaban en el Norte Integrado de Santa Cruz y que tomaron por la fuerza hace meses la hacienda “Limoncito” .
La Asociación de Propietarios de Predios Agrícolas Avasallados (Asppa) expresó su beneplácito tras la detención del supuesto “primer cabecilla” de los grupos que tomaron hace más de seis meses la propiedad agrícola “Limoncito” de más de 7.000 hectáreas y localizada en el Norte Integrado de Santa Cruz.
Wálter Ruiz, vicepresidente de Asppa, dijo a EL DIARIO que el sector productivo expresó su complacencia a las autoridades “porque el Ministerio Público ejerce la aplicación de la Ley 447 contra los Avasallamientos y Tráfico de Tierras, promulgada el 2 de diciembre pasado a objeto de restituir la legítima propiedad agrícola en producción”.
El dirigente de Asppa manifestó que los “cabecillas” pudieron congregar a grupos de comunarios utilizando el argumento de que las propiedades serían revertidas por el Estado. Ruiz reconoció la labor de fiscales y jueces que lograron realizar el operativo en dicha hacienda. Explicó que la ley permite realizar procedimientos abreviados para el desalojo de los predios de las propiedades. “Existen otras propiedades que aún continúan con este problema y esperamos que continúen los desalojos”, manifestó a EL DIARIO.
VICEMINISTRO
La información del operativo realizado este jueves fue proporcionada a los sectores productivos personalmente por el viceministro del Interior, Jorge Pérez, explicó -por su parte y por separado- Julio Roda, presidente de la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). “Estamos optimistas y ojalá que estas detenciones sean el principio de solución a las tomas de tierras agrícolas”, dijo el directivo de la CAO. Según Roda, hay otros dirigentes de los “avasalladores” sobre quienes pesan órdenes de detención. Ruiz también coincidió con Roda e indicó que tiene información de que los operativos continuarán dado que se conoce de la existencia de “varias intimaciones”. A mediados de diciembre Roda exigió la detención de los responsables de las tomas de tierras con vocación productiva. “Nosotros lo que necesitamos es que haya gente presa, ya que los casos siguen repitiéndose, siendo necesario que se detengan a los cabecillas". Por esa fecha, una comisión de fiscales arribó a Santa Cruz para investigar los hechos. “Esperemos los resultados y que los fiscales que llegaron a Santa Cruz actúen rápido para realizar detenciones”, insistió en declaraciones exclusivas realizadas a El Diario. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó entonces que ya existían detenidos y anunció que 40 notificaciones estaban en curso. Las declaraciones las efectuó entonces en el aeropuerto Internacional de Viru-Viru.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Hace dos meses, Demetrio Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), informó que la entidad que dirige y otras instituciones cruceñas proporcionaron a las autoridades de Gobierno un listado de nombres de los “cabecillas” de las tomas de tierras, asimismo de abogados, dirigentes de los movimientos sociales y funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), presuntamente implicados en las acciones de fuerza que dieron por resultado que 70 propiedades en producción se vean afectadas por los denominados “tomatierras”. En diciembre, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo reuniones en la CAO en Santa Cruz donde los diversos sectores afectados le hicieron conocer las consecuencias de las acciones ilegales de los avasalladores, el deterioro de las instalaciones y la ilegal disposición de los bienes.
EMBAJADA DE MÉXICO
A fines de noviembre pasado, el embajador de México en Bolivia, Armando Arriazola Peto-Rueda, denunció la toma de dos propiedades “Río Negro” y “El Tinto” en los departamentos del Beni y Santa Cruz que cayeron en manos de comunarios que revindicaban supuestos derechos sobre esas tierras y donde trabajaban menonitas mexicanos. En ese momento, el diplomático mexicano pidió a las autoridades proceder con el inmediato desalojo de las propiedades tomadas.
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