Proyectos de seguridad no serán óptimos si no se restructura la justicia

El asambleísta alteño Lucio Marca confirmó que la implementación de nuevas Estaciones Policiales Integrales (EPI) para El Alto, que contarán con una inversión de cuatro millones de bolivianos por cada una, no obtendrán resultados óptimos si no se restructura el Poder Judicial.

De acuerdo con los proyectos programados por parte del Ejecutivo, se presume que cuatro EPI’s debieran estar destinadas a la construcción tanto en el sector norte como sur de esta ciudad, donde las diferentes unidades policiales además de las atenciones de unidades de investigación y de proceso legal deban estar incluidas.

Por el momento, sólo se habla de la construcción de dos EPI’s, integradas las cuales supuestamente tendrían el equipamiento correspondiente y la designación de una logística apropiada para atender alrededor de 387.56 km2, donde la inversión económica de acuerdo con Marca, podría llegar a ser cerca de cuatro millones de bolivianos por cada EPI.

El asambleísta Marca reconoce que la ausencia de un procedimiento procesal adecuado de responsabilidad del Poder Judicial ocasiona el debilitamiento de la justicia por parte del propios Órgano Judicial y la Fiscalía, las cuales podrían llegar a aplicar nuevas normativas procesales con el propósito de poder disminuir la impunidad en favor de presuntos implicados en hechos delictivos.

“Como Legislativo estamos aplicando diferentes códigos morales, el Código Procesal Constitucional, Código Civil, Penal, de Familia, normas que podrán ser implementados a partir del 6 de Agosto. A ello se suma la aprobación de una nueva norma de elección de autoridades judiciales, siendo todas las normativas restructuradas las que puedan beneficiar a las víctimas y no así a las asociaciones delictivas”, remarcó.

Marca observa que en la actualidad jueces y fiscales trabajan en calidad de transición y una vez que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Designación de autoridades judiciales, será la institucionalización de las autoridades judiciales las que deberán aplicar las nuevas normativas para el desempeño de la Justicia en el territorio nacional.

Las autoridades legislativas advierten que a partir del 2015, con la restructuración de las normas penales, civiles y familiares además de la institucionalización del Poder Judicial, se pueda enfrentar los desafíos de disminuir los índices de criminalidad a nivel nacional y sobre todo en la ciudad de El Alto.