El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, anunció que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, será convocado el próximo jueves 13 para que presente pruebas de que en la ayuda humanitaria entregada a los damnificados por las lluvias en Beni, primó el criterio político por parte del Gobierno.
“Estamos programando el informe oral para el jueves 13 de marzo a las diez de la mañana para que venga a informarnos sobre sus declaraciones respecto a que el Gobierno Nacional estuviera entregando las donaciones solamente a los alcaldes del MAS (Movimiento Al Socialismo)”, informó el legislador oficialista.
Villena, después de visitar varias ciudades inundadas por las recientes lluvias en Beni, indicó que “la entrega de donativos es desigual, insuficiente y desordenada” y que primaban los criterios políticos.
Las declaraciones del Defensor del Pueblo causaron una inmediata reacción por parte de voceros gubernamentales, quienes reiteraron que Villena era parte de la oposición política y dejó de cumplir sus funciones como referente de los Derechos Humanos en Bolivia.
El diputado Calle señaló que “cada denuncia tiene que tener pruebas suficientes y si en este caso el Defensor del Pueblo tiene esas pruebas, entonces que las presente, porque nosotros queremos conocer a qué poblaciones no está llegando la ayuda”.
EL DIARIO se comunicó con la responsable de comunicación de la Defensoría del Pueblo, Rosario Paz, quien indicó que hasta las 17.00 de ayer no había llegado ninguna notificación o nota de la Asamblea Legislativa, y no había una opinión respecto a la convocatoria de su titular para dar un informe ante la Comisión de Derechos Humanos.
Según el diputado Calle, de no presentarse el Defensor del Pueblo ante la comisión, incurrirá en los delitos de “difamación, calumnia e injurias”, además de incumplimiento de deberes y se le iniciará un proceso penal.
El legislador sostuvo que la Constitución Política del Estado (CPE) otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de fiscalizar y controlar a todas las entidades estatales y descarto que este informe sea una forma de presión política a Villena o a la Defensoría del Pueblo.
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