Gobierno aún no concluye reglamento de Ley contra Violencia hacia la Mujer

A un año de promulgada la Ley Contra la Violencia hacia la Mujer el Ejecutivo aún no terminó de elaborar el decreto reglamentario para el total cumplimiento de esta norma, debido a que es un trabajo muy complejo de coordinación con otras instancias estatales, según el Ministerio de Justicia; en tanto, los maltratos y asesinatos contra las mujeres continúan impunes.

“Este reglamento no sólo involucra al Órgano Ejecutivo, de ser así ya hubiésemos culminado probablemente este proceso. Involucra a otros órganos porque no solamente vamos a trabajar prevención sino también en sanción”, declaró a El DIARIO, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi.

El 9 de marzo de 2013 el presidente Evo Morales y su gabinete en pleno promulgaron la Ley Integral para Garantizar una Vida Sin Violencia para las Mujeres, con el objetivo de proteger física y psicológicamente a todas las féminas del país, promover la equidad de género y eliminar la discriminación. Sin embargo, el reglamento de esta norma aún está en proceso de elaboración a un año de ser puesta en vigencia.

Al respecto, Marconi informó que el retraso se debe a que este reglamento incluye la participación de varias instancias del Estado, como el Órgano Judicial incluso la modificación al Código de Procedimiento Penal en el caso de feminicidios.

“Estamos incorporando en todo el proceso de elaboración de códigos una estrategia de trabajo para incidir en las modificaciones al Código de Procedimiento Penal además de la reglamentación específica de la Ley 348”, recalcó.

Pero a pesar de que la reglamentación de la norma está inconclusa este no es impedimento para que la ley no se cumpla, afirmó la autoridad de Gobierno al subrayar que es de conocimiento de todas las instituciones con las que se ha socializado, por lo tanto debe ser de estricto cumplimiento.

Según el Gobierno ya se cuenta con todo el material para concluir con dicha reglamentación, pero lo que falta para la puesta su vigencia es consensuar el contenido de todo el documento con las otras instancias estatales y con las organizaciones sociales que deben considerar la norma.

“Estamos acelerando lo más que podemos porque consideramos que es una prioridad, porque no podemos avanzar con otros aspectos mientras no tengamos completado el círculo de operativización de la Ley”, sostuvo Marconi.

Sin embargo, a pesar de que esta vigente una ley que protege a la mujer contra actos de violencia, la realidad en Bolivia refleja que existe una total impunidad en casos de violencia política contra la mujer y un 80 por ciento de impunidad en casos de violencia sexual.

Ante este hecho, la autoridad reconoció que el Órgano Judicial tiene muchas falencias. “Hay bastante debilidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Es uno de los ámbitos en los que nos hace falta avanzar porque lo que hace falta es emitir sanciones ejemplificadoras”

Varias son las falencias para que se produzca esta retardación en la justicia, entre las cuales la viceministra Marconi afirmó que existe por parte del Órgano Judicial “una falta de voluntad para implementar la Ley”, pero también se tiene que tomar en cuenta la sobrecarga ya que son muchos los casos denunciados.

Una solución integral para un mejor funcionamiento del Órgano Judicial es que el Estado incremente su presupuesto para contratar a más personal para la oportuna atención de las denuncias.

DATOS

- El Gobierno promulgó dos leyes para el sector femenino.

La Ley Contra El Acoso Y Violencia Política Hacia Las Mujeres del 28 de mayo de 2012 y la Ley Integral para Garantizar una Vida Sin Violencia para las Mujeres del 9 de marzo de 2013.

- Sin embargo, las cifras de feminicidios, maltrato, abuso físico, sexual, psicológico y verbal son cada vez más renuentes.

- Existe impunidad en cada tema, como el caso de la concejal de Ancoraimes, Juana Quispe, asesinada en 2012 o la periodista Hanalí Huaycho fallecida en 2013, pues existen dudas sobre el desarrollo de las investigaciones. Ambas fueron bandera política para promulgar las citadas normas.