La canasta familiar y los comerciantes

Es innegable que para el comercio informal (gremiales) -actividad a la que está dedicada una buena parte de la población- ningún período de crisis es crítico, no hay inflación que tenga efecto en esos comerciantes, no existen malas políticas que dañen su vida y su economía, porque ellos con gran facilidad, ante cualquier situación difícil, remedian sus problemas mediante la elevación de precios de lo que venden.

El comercio en general tiene la ventaja de elevar precios, especialmente en una economía deprimida como la nuestra y donde rige la oferta y la demanda. Para la economía informal -especialmente la que vive bajo reglas del contrabando- que no paga impuestos ni tiene mayores gastos como tienen los comerciantes legalmente establecidos, es muy fácil encarar situaciones difíciles, porque si bien disminuyen en algunos pocos días sus ventas, la urgencia de lo que ofrecen da vigencia a los nuevos precios.

Dentro de la economía comercial que no tiene contemplación alguna con el público se podría colocar a los productos farmacéuticos, porque tanto los importadores como los fabricantes de medicamentos elevan precios a discreción y, en muchos casos, sin que haya razones para ello. Lo grave en esta situación es que se especula con las necesidades de enfermos que no pueden prescindir de medicamentos y deben adquirirlos a cualquier precio. Lo sensible es que no hay autoridad que revise siquiera la calidad y las fechas de elaboración y vencimiento de los productos.

La canasta familiar está conformada por productos imprescindibles para la alimentación y las vendedoras en mercados y puestos de abasto cobran lo que quieren. Se creía que los supermercados serían la salvación porque respetarían los precios por tiempos limitados; pero no ocurre ello, porque normalmente se ve cambiar etiquetas de precios y lo que venden estos negocios encarecen muy periódicamente y no hay reclamo que valga por parte de la población consumidora.

El hecho de que los mercados vendan productos de importación agrava la situación, porque cada vendedora ajusta sus tarifas con el pretexto de que “así cobran los importadores o los mayoristas porque se trata de producto importado y en origen se producen las alzas”; este pretexto se hace normal en casi todos los mercados. Lo más grave de esta situación de dependencia de lo importado es que las mismas vendedoras evitan el producto nativo, porque consideran que el “importado es mejor y se gana más”. Por supuesto, ningún control municipal sirve para evitar los abusos.

Mientras no se incentive la producción nacional y no se produzca una regulación de precios, todo muestra que la canasta familiar seguirá subiendo. Es el Gobierno el que debería prever mucho de lo que ocurre y buscar los remedios que precisa una situación tan álgida.