Burocracia obstaculiza “declaratoria de desastre”

¡Con tanta burocracia, atenderán al Beni cuando no lo necesite¡, manifestó tímidamente un sencillo poblador trinitario a los medios de comunicación, frente al actual estado de cosas.

Y es que la caprichosa negativa del Gobierno a emitir la “declaratoria de zona de desastre” es hoy un estigma que perjudica -entre otras- a más de 700 familias en el maltratado TIPNIS, quienes no reciben apoyo de parte de las autoridades, en tanto sus propios dirigentes insólitamente gestionan ayuda “por su propia cuenta y riesgo”.

Preciso es recordar al respecto que la desventurada “imposición”, conforme jurisprudencia y derecho comparado actual, definitivamente no es aplicable a devastaciones naturales de gran magnitud y efectos catastróficos como el presente. La misma se adapta únicamente a desastres causados por la mano del hombre en forma accidental o no, que requiera por ello la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social previo trámite regular.

Pero lo reprochable en la actual dilación, con la excusa de “autosuficiencia del país”, no solamente estorba la reacción inmediata, la solidaridad y cooperación de la comunidad nacional y regional, principalmente impide la ayuda internacional humanitaria oficial. El Estado piensa y supone que el tiempo sobra, y parece haber perdido el sentido común al no considerar que está en juego la propia seguridad nacional con la merma y decrecimiento de estratégicos recursos vitales.

Es decir que definitivamente esta nueva “retardación de justicia” pone a prueba hasta al más paciente ciudadano y más aún a quienes sobrellevan el desastre. Hoy el hermano pueblo beniano tiene que cumplir “requisitos de suficiencia” y pasar por una serie de ¡pruebas! para tener el derecho de ser asistido nacional e internacionalmente, no obstante que ya presenta una imagen desoladora y con toda razón y justicia apela a esa ayuda extraordinaria. Por consiguiente, si no existe continuidad institucionalizada e independiente por parte del Servicio Civil, cada gobierno a su turno, así como políticos y burócratas tratarán de sacar el mayor provecho posible de esta necesidad de ayuda.

Desafortunadamente, al presente se observa en la propia comunidad internacional, es decir en la ONU, OEA y el propio Comité Interamericano de Mitigación de Desastres de la Cruz Roja, una extraña “inacción” y excesiva lentitud ante nuestro actual estado de necesidad, atribuible probablemente a la absurda negativa a la “declaración de desastre” nacional, no obstante que hoy el DIH (humanitario) moderno y globalizado, en el marco de sus responsabilidades y misión general, ha readecuado sus principios humanitarios de urgencia y responde a las necesidades básicas de emergencia y mitigación de desastres, ajena a la influencia de fuerzas políticas internas de cada país o de cualquier ordenamiento jurídico que impida su labor.

Es decir que no admite límites “artificiales” en caso de premura por catástrofes naturales, cuya magnitud (en el caso nuestro) haya superado ampliamente las posibilidades económicas de respuesta y cuenta -dicho sea de paso- con propios canales de información y difusión.

Pero lo que acontece no es un fenómeno reciente. Bolivia, en el marco de su coexistencia con países hermanos de la región y del mundo, ha sido permanente beneficiaria del apoyo y solidaridad internacional, sin haber perdido en ningún momento su “dignidad” y ha respondido a su vez en forma recíproca a las adversidades de aquellos países, no solamente con nuestras posibilidades económicas. Hoy, por ejemplo, brinda en forma desinteresada apoyo humano a la propia ONU con personal castrense, para la conformación de ejércitos de salvación (cascos azules).

Concordemos finalmente que el Estado no es propietario de los recursos que utiliza en el desempeño de sus funciones; por el contrario, es responsable futuro por el uso de tales medios.

En conclusiones, hoy la excesiva burocracia, que impide la declaratoria de desastre, ha degenerado en una jerarquía vertical, convirtiéndose en un instrumento perverso de coacción e intimidación. Se impone en consecuencia la derogación de la actual Ley de Defensa civil, incorporando un anteproyecto de ley para la prevención anticipada de desastres, eliminando además la excesiva burocracia, así como una descentralización y desconcentración total, con absoluta responsabilidad local y regional.

El autor es abogado.