Región fronteriza con Bolivia
Río de Janeiro.- Un tribunal brasileño condenó el lunes a las centrales hidroeléctricas de Jiraú y Santo Antonio a proveer ayuda a los miles de damnificados por la crecida del río Madeira, en la Amazonía, por considerar que estas represas contribuyeron a agrandar la inundación.
La decisión cautelar, tomada por el juez federal Herculano Martins Nacif, obliga a las empresas responsables de las hidroeléctricas a proveer a las poblaciones afectadas todas sus necesidades básicas, incluyendo vivienda, alimentación, transporte, educación y salud, según un comunicado, informó Efe.
Uno de los jueces más probos del foro brasileño fijó multa de 100.000 reales diarios (equivalentes a $us 235.000) si las represas de Jiraú y San Antonio no inician nuevos estudios de impacto ambiental y no cubren costos de atención a familias y municipios damnificados en la cuenca del Madeira-Mamoré, mientras un exministro de Lula les exige un pago de 500 millones de reales por daños al municipio de Porto Velho en la frontera con Pando (Bolivia).
Según el criterio técnico que sustentó la decisión legal del magistrado, las altas represas provocaron una acumulación excesiva de agua estancada sobre el lecho del río Madeira, lo cual se agravó con las intensas lluvias, aumentando su caudal normal hasta provocar el desastre en la toda gigantesca cuenca que abarca importantes poblados ribereños de Brasil y Bolivia, informó Sol de Pando.
De acuerdo con Efe, las empresas también fueron obligadas a buscar o abrir rutas alternativas a las carreteras que han sido anegadas, en especial a la carretera federal BR-364, cuya inundación ha dejado aislado el estado de Acre, fronterizo con Perú y Bolivia.
El fallo judicial considera que las constructoras de las represas “subdimensionaron” el tamaño de los reservorios, por lo que les obligó a rehacer sus respectivos estudios de impacto ambiental.
Las dos represas están ubicadas en el río Madeira, en el estado de Rondonia, fronterizo con Bolivia, y las inundaciones han tenido efecto en ese estado, en Acre y en el de Amazonas, donde miles de personas han sido obligadas a dejar sus hogares o se han quedado aisladas.
Tan sólo en Porto Velho, capital de Rondonia, cerca de 10.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en los barrios localizados en cotas más bajas, que han quedado totalmente inundados.
Otras 2.390 damnificados en la ciudad de Río Branco, capital de Acre, han sido acogidos en dos abrigos temporales habilitados por el gobierno regional.
Cuando se anunció la construcción de las represas, el Gobierno de Bolivia cuestionó la posibilidad de que hubiera inundaciones a su lado de la frontera, pero las autoridades brasileñas siempre lo rechazaron.
La central de Santo Antonio, a 10 kilómetros de Porto Velho, ya está en operación, mientras que la de Jiraú, ubicada 136 kilómetros río arriba, cerca de la frontera boliviana, está todavía en construcción y previsiblemente comenzará a operar en 2016.
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