Carta de exfiscal inculpa al Gobierno

La carta de Marcelo Soza, exfiscal del caso de supuesto terrorismo o también conocido como caso Rózsa, apunta responsabilidades directas a gente dentro del Gobierno del proceso de cambio que también implica, según la senadora Carmen Eva Gonzales, reconocer las denuncias sobre los audios de presunta extorsión presentados durante 2013 por la oposición.

La senadora de Convergencia Nacional por Pando reveló al menos tres audios en los que la supuesta voz de Soza admite haber pedido dinero a gente cruceña implicada luego en el caso terrorismo, además de reconocer que existen líderes opositores que no tenían nada que ver con el tema, pero que eran acusados con el fin de neutralizarlos políticamente.

Gonzales responsabiliza al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, por la fuga de Soza y pide su renuncia por tratarse de un tema de Estado. “El fiscal debe renunciar por ética, moral y dignidad nacional”, acotó.

“¿Dónde están hoy esas autoridades que me pedían que investigue a determinadas personas con el único objetivo de que se cumplan sus fines políticos?”, pregunta Soza al indicar que el caso Rózsa y la intervención en el hotel Las Américas fueron dirigidas para implicar a líderes opositores, así como el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y el soborno a Ignacio Villa Vargas, alías ‘El Viejo’.

“El soborno y la extorsión para comprar testigos falsos, realizado por Carlos Núñez del Prado no fue mi responsabilidad. Tampoco es mi responsabilidad el manejo de las pruebas en los operativos del Hotel Las Américas y el atentado al domicilio al Cardenal, porque yo no participé en estos eventos. Estas acciones fueron dirigidas por autoridades del Ministerio de Gobierno”, agrega la nota del exfiscal.

El atentado a la residencia del Cardenal boliviano se produjo en abril de 2009 cuando un explosivo de corto alcance detonó en la puerta de la casa, sin causar ningún daño personal, pues el clérigo estaba fuera del país.

El operativo en el hotel Las Américas se produjo la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando efectivos de la Policía, tras un proceso de seguimiento e inteligencia, intervino en el céntrico inmueble para detener a cinco miembros de la célula irregular. Tres fueron muertos de inmediato y dos detenidos y trasladados al penal de San Pedro de La Paz. La oposición asegura que se trató de una ejecución sumaria, pues Eduardo Rózsa tenía conocimiento pleno de quiénes lo trajeron a Bolivia. La versión oficial sostiene que hubo fuego cruzado y se respondió en defensa de los uniformados.

En ambos casos el ministro de Gobierno, como cabeza de la Policía, era Alfredo Rada, quien ahora cumple funciones como viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales.

El soborno a ‘El Viejo’ se dio en enero de 2011, verificándose una transacción de dinero para Villa Vargas por gente del Gobierno como Carlos Núñez del Prado, quien actualmente se encuentra internado en una clínica de La Paz afectado por una enfermedad respiratoria. Núñez del Prado es hijo del fallecido exsenador y dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Antonio Peredo, fue parte de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Gobierno y dio seguimiento a la octava marcha indígena que fue reprimida en Chaparina en 2011.

La oposición dice que el Gobierno montó todo el caso para atacar a la oposición y citan como principales responsables al vicepresidente Alvaro García, su hermano Raúl García, Núñez del Prado, Rada y cada autoridad que pasó por el Ministerio de Gobierno.