Casos de ingobernabilidad se multiplican en municipios

En el departamento de La Paz se presentaron varias denuncias de ingobernabilidad, por la presencia de dos alcaldes simultáneos que no permite a los municipios afectados tener una buena gestión, este es el caso de Cairoma, Sorata o Apolo. La asambleísta Claudia Bravo indicó que esto se debería a persecuciones y acosos políticos que se dan cuando las autoridades no están alineadas con el partido oficialista.

“Constantemente sucede este tipo de problemas, lamentablemente el problema de Cairoma no es el único, este es un tema frecuente dentro del departamento. En la dirección de desarrollo humano frecuentemente recibimos denuncias por persecuciones, agresiones y acoso político de diferentes autoridades”, señaló Bravo.

En su opinión, estos problemas se dan porque cuando existen autoridades que disienten con la línea del oficialismo se movilizan e imposibilitan la gobernabilidad en distintos municipios y sustentó que en el caso en específico de Cairoma, a la dirección de Desarrollo Humano, no ha llegado ninguna denuncia formal.

Pero este no es el único caso que se ha exteriorizado en los últimos días, en medio de los problemas por ayuda en las zonas afectadas, comunidades alejadas del municipio de Apolo se vieron imposibilitadas de recibir ayuda de manera rápida y eficaz, siendo que no podía coordinarse con el Alcalde, porque se contaba con dos autoridades que se atribuían el cargo edil.

En la ocasión, el asambleísta Víctor León expresó que en este municipio existe una fuerte pugna y se contaba con dos alcaldes, pero solo uno, Aldo Chambi, tiene el respaldo de la población.

Caso similar ocurre en Sorata, donde parte del consejo ha aprobado el regreso del anterior Alcalde que fue denunciado por presuntos malos manejos y procesos penales, por lo que la junta vecinal y otra parte del concejo rechazan definitivamente a la exautoridad.

En estos casos debería ser prioridad que las autoridades elegidas democráticamente puedan ejercer sus funciones y cumplir con su gestión de principio a fin, cumpliendo los procedimientos legales en el caso de que existieran algún tipo de irregularidades en su administración.

“Lo que siempre requerimos y exigimos es que se cumpla la norma y en todo caso es el concejo municipales, quienes deben determinar si corresponde o no alguna suspensión”, señaló Bravo.

En este sentido, también deben tomarse en cuenta otras normas, como la ley marco de las autonomías, en la que se manda una suspensión temporal en caso de haber una acusación formal con sentencia ejecutoriada.