Asistimos a una grave crisis del sistema judicial del país, que cada día se ahonda más. A partir de la elección de magistrados, por cálculo partidista, lejos de mejorarlo se lo hundió más. Por principio, la elección de magistrados por voto popular es el más funesto camino a seguir en la materia, tal como empezamos a constatarlo. El pueblo sabio no mordió el anzuelo y voto nulo o se abstuvo mayoritariamente. Este tema es visto ahora de modo monotemático, atribuyendo el estropicio a una mala selección de candidatos, como fue en efecto, pero el mal es mucho más profundo. En cambio pasa desapercibido que la verdadera carencia es la ausencia de ética y moral de los administradores de justicia, cualidades inseparables para un correcto y acrisolado desempeño, por encima inclusive del conocimiento y bagaje jurídico y aun de maestrías y doctorados. A la postre, la práctica de la judicatura puede otorgar sapiencia judicial con creces.
Sin moral la seguridad jurídica y demás garantías del derecho zozobran en perjuicio no sólo del mundo litigante sino de toda la vida social. Ni la Universidad o instituto alguno enseñan ni pueden certificar la moral, la ética de las personas. ¿Entonces cómo se la puede establecer o individualizar? Esa es una asignatura pendiente de indagación que corresponde a quienes funjan de tribunal seleccionador o del organismo que asuma esa función. Sin embargo, no es, ni con mucho, imposible. Se debe recurrir a los antecedentes universitarios de los candidatos, a su trayectoria profesional y a su conducta personal porque la responsabilidad a depositarse es muy seria y comprometida.
El resumen de tales indagaciones puede dar la estatura ética de los postulantes. Pese a que nuestro medio he crecido y hay nuevos actores variopintos en escena, siempre es posible llegar a un conocimiento seguro. Nada hay oculto bajo el sol.
No sería ninguna novedad que algunos de los candidatos a magistrados no hubiesen reunido ni los años profesionales habilitantes que la ley señala, deplorablemente siempre ha podido más la política que la idoneidad. La omisión de antecedentes, los prejuicios sociales en boga y el sectarismo partidista han llevado a la justicia donde se encuentra, al extremo que los auspiciantes de la forzada elección no pueden menos que reconocer su error, aunque nadie garantiza que en lugar de aprender de la experiencia, se la repita.
Si a una selección ligera se añaden las falencias académicas y formativas –de las cuales las universidades son también responsables- la ausencia del factor ético esencial da como resultado lo que tenemos en materia judicial y vemos derrumbarse con estrépito en andamiaje de la Justicia.
Otro cliché de uso frecuente es que la corrupción y la retardación son de antigua data en la judicatura. Se trata de una generalización y media verdad que forma parte del arsenal oficialista siempre dispuesto a sembrar sombras en el ayer en busca de réditos baratos. No queremos decir que se vea color de rosa al pasado, bajo lente especial. Al contrario, hay vicios que acompañaron el desempeño judicial, pero nada tiene parangón con lo que la realidad actual nos muestra duramente.
No obstante, los anales judiciales del país señalan no raros momentos de cabal y ejemplar administración de justicia. Si se de tratar de personalizar, no hace falta remontarse al egregio magistrado Pantaleón Dalence, siendo suficiente recordar a togados ejemplares que desempeñaron hacia la primera mitad del Siglo XX. Entre ellos podemos nombrar a Tomás Monje Gutiérrez, ex Presidente interino de Bolivia, Modesto Burgoa, Roberto Pérez Patón, ex Presidente de la Corte Superior de Justicia, María Josefa Saavedra, Raúl Romero Linares, ex supremos, y otros que son honra de la magistratura boliviana.
Por otra parte, los mismos avatares dentro de los juzgados, padece la sociedad fuera de ellos, retratándose entre sí. Pero como el conformismo es el peor enemigo de la regeneración, debe ser tarea de gobernantes y gobernados superar sus males cada día. Con seguridad en el país sobran -en este caso los juristas- que excluyendo los señalados prejuicios pueden reedificar sólidamente a la Justicia mediante sometimiento a la ley, a su consciencia y ofreciendo una blindada personalidad contra las presiones del poder que significa también precautelar la independencia del Órgano o Poder Judicial, sin siquiera exigir más presupuesto. Se han perdido los valores de honestidad, vergüenza y bien vivir (no “vivir bien”) y en ese tren todo lo aberrante tiene carta de ciudadanía ante la falta de reprobación social, como primera sanción contra los malos ciudadanos.
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