Moisés Ponce, abogado del exfiscal Marcelo Soza, fue remitido ayer al penal de Palmasola de Santa Cruz por determinación de las autoridades al existir indicios de fuga y obstaculización del proceso, según informó la Fiscalía General del Estado.
El fiscal General, Ramiro Guerrero, explicó que tras la audiencia de medidas cautelares desarrollada en Santa Cruz de la Sierra la jueza del Juzgado Octavo de Instrucción Cautelar, Valeria Salas, dictó la detención en el centro penitenciario hasta que se demuestre su responsabilidad en el caso de extorsión que se lleva contra él y su cliente Soza. Ambos habrían recibido sumas de dinero de las familias de los implicados en el caso de supuesto terrorismo o también llamado caso Rózsa.
“Nuestros fiscales en Santa Cruz demostraron que existieron riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, por lo que ahora está detenido preventivamente en la cárcel del penal de Palmasola, a la espera de un juicio, donde demostraremos la hipótesis del Ministerio Público que lo único que se pretende es esclarecer la verdad histórica y material de los hechos en esa lucha frontal contra la corrupción que hemos emprendido caiga, quien caiga”, declaró la autoridad.
Ponce habría recibido $us 68 mil, según testigos, de un monto general que llegaría a superar el medio millón de dólares. Una lista de 150 personas estuvo a cargo de la investigación de Marcelo Soza, de éstas, 37 están detenidas en Palmasola y es desde ese recinto que se denunció la extorsión del exfiscal y su abogado.
La información fue corroborada por abogado de la defensa Gary Prado, quien agregó que la jueza encargada tomó la medida al haberse demostrado que Ponce estaba listo para salir de viaje en momentos de su aprehensión el pasado jueves.
“Precisamente porque la jueza ha encontrado ciertos fundamentos de la fiscalía de que habría riesgo de que siga obstaculización como lo ha hecho hasta hoy y riesgo de fuga, porque de acuerdo al informe policial se lo habría aprehendido en la noche de anteayer con una maletita conteniendo ropa que son elementos que estaba en planes de fuga es que se ha procedido a detenerlo preventivamente”, dijo Prado a agencias informativas.
El abogado, que fue detenido en La Paz por la Policía en operativo coordinado por el Viceministerio de Régimen Interior, se declaró inocente y en lágrimas dijo que su vida está en riesgo a partir de ahora.
En tanto, el Ministerio de Justicia analiza tomar acciones penales contra el cliente de Ponce tras su salida de Bolivia y la nota que remitió el día 12 de marzo desde Brasil, en la que vincula a gente del Gobierno con las acciones perpetradas en el caso Rózsa.
Para la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, el exfiscal asignado al caso “terrorismo y separatismo”, Marcelo Soza, no sólo ataca al Gobierno sino a la institucionalidad del Estado.
“Nosotros vamos a analizar, en el contexto de que él no puede inmiscuir al Gobierno; si él lo hace pues tendrá que tener las pruebas, sino nosotros también vamos a iniciar las acciones correspondientes”, dijo.
Sobre Soza pesa ahora un proceso de petición de extradición que la Fiscalía General asumió tras la fuga del otrora “hombre fuerte” del Ministerio Público.
Soza dijo en su carta que los hechos de abril de 2009 que desencadenaron la investigación sobre la célula irregular acusada de venir a Bolivia para generar violencia y división, son responsabilidad de gente ligada al Gobierno de Evo Morales. “Todos los excesos que se han cometido no son mi responsabilidad, como el operativo en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde murieron tres ciudadanos europeos. Eso es responsabilidad de las autoridades que decidieron llevar adelante ese operativo, quienes nuca me consultaron esas acciones”.
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