Los impuestos a las cooperativas mineras

Las empresas cooperativas mineras que actualmente constituyen un importante sector de la economía del país, pues contribuyen con alto porcentaje de la producción de minerales de exportación, se encuentran en un impasse con el Gobierno en lo que se refiere al pago de un impuesto sobre el valor bruto de la venta de minerales metálicos y no metálicos que realizan y que anualmente sobrepasa los 200 millones de dólares.

Los cooperativistas mantienen la posición de que sólo deben pagar el 1 por ciento de la producción (principalmente de oro) y sostienen que la medida ya habría sido aprobada por el Gobierno, mientras éste sostiene que la disposición no fue adoptada aún y que se deberá estudiar el asunto con mayor atención, en especial en la actualidad, cuando se presenta a vuelta de esquina la etapa electoral destinada a cambiar las autoridades encargadas de la administración y cuidado de los bienes de la nación, como de acuerdo con Derecho se considera al Estado.

El tema se puso de actualidad a partir del momento en que el Gobierno hizo conocer que había preparado un proyecto de Ley de Minería con el que estaban de acuerdo los cooperativistas de Fencomin. Sin embargo, de súbito se produjo un desfase, el mismo que se originó en que el proyecto original fue sustituido en sus partes esenciales en el Órgano Legislativo, diferencia que provocó una virtual “ruptura” de opiniones entre las partes.

En todo caso, el problema de los impuestos a favor del Estado, a la producción de las cooperativas mineras, ha quedado sin solución, pues se ha observado que el impuesto de 1 por ciento propuesto por los cooperativistas es de muy bajo nivel, ya que por otro lado, los cooperativistas insistieron en ser eximidos de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los excedentes de percepción, el impuesto a las transacciones (IT) sobre ventas de minerales y metales, el Impuesto a la utilidad de las Empresas Mineras de crearse el Impuesto Consolidado Minero.

La propuesta cooperativista de cancelar sólo el 1 por ciento de su producción fue respaldada por un dirigente cooperativista, en sentido de que los cooperativistas pagan regalías mineras cada año por Bs. 490 millones, algunas exportan 35 millones en cumplimiento a la Ley del Código Tributario 843 y Bs. 35 millones, que es el 1 por ciento referente al canon de arrendamiento que se paga a Comibol.

Sin embargo, de otro lado, las autoridades de gobierno sostienen que el asunto del 1 por ciento deberá ser estudiado con detalle, pues los cooperativistas estarían ofreciendo pagar menos que el magnate Simón I. Patiño hace cien años, cuando sólo cancelaba el 3 por ciento sobre su producción. Al mismo tiempo, otras fuentes denuncian que los cooperativistas están dedicados a explotar parajes ya explorados, se apoderan de empresas en producción, no utilizan tecnología moderna, están causando daños a la madre tierra, hacen pequeñas inversiones dentro del país, son pequeñas empresas privadas y de lucro que tienen obreros asalariados sometidos a las más extremas formas de capitalismo salvaje, aspectos que, por lo demás, caracterizan a la economía boliviana. Tales formas directa o indirectamente se encuentran amparadas por el Estado.

Finalmente se anticipa que el asunto de los impuestos a la producción cooperativa minera no se modificará durante el presente año, en vista de que su tratamiento (frente a las elecciones nacionales de octubre próximo), podría restar un importante caudal de votos al tolderío político gobernante, aunque con posterioridad podría ser aplicado en porcentajes superiores.