CN exige renuncias en Ejecutivo y Gobierno minimiza denuncias

El diputado por Convergencia Nacional (CN), Felipe Dorado, a su retorno de Estados Unidos, pidió la inmediata renuncia de las autoridades de turno tras las declaraciones del exjefe de la Unidad de Transparencia de la Policía, Fabricio Ormachea, que fue declarado culpable de los cargos de extorsión y que vinculó a gente del Ejecutivo con acciones ilícitas. El Gobierno minimiza las denuncias de presunta relación con estos casos e invalida a la exautoridad calificándolo como un simple delincuente.

“Tenemos que pedir enfáticamente la salida de este Gobierno, implicado en hipercorrupción”, afirmó el legislador tras presentar el video del FBI (Oficina Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) donde Fabricio Ormachea, en un diálogo con el empresario Humberto Roca, vincula de forma directa en presuntos hechos irregulares y delitos al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García, a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Defensa, Rubén Saavedra y al viceministro Jorge Pérez, aunque también reconoce no tener pruebas concretas.

“Ormachea deja en claro con sus afirmaciones que este es el Gobierno más corrupto de toda la historia de Bolivia”, afirmó Dorado al recalcar que esas declaraciones vienen del principal colaborador que encabezaba la Unidad de Transparencia del Ejecutivo.

Según la conversación grabada entre Ormachea y Roca, el expolicía señala que el Ministerio de Gobierno hacía llamar a los jueces ciudadanos y a los jueces técnicos para que saquen una sentencia en un determinado caso “sí o sí”.

El caso movió a todos los sectores políticos como Falange Socialista Boliviana (FSB) que en reunión de emergencia analizó el caso y concordó con pedir la renuncia de las principales autoridades del Ejecutivo que son mencionadas de forma recurrente en las denuncias de extorsión, tal como pasó en el caso Ostreicher, caso Soza y caso Ormachea, según expresó el presidente del Consejo Ejecutivo, Remy Solares.

CASO ANTE LA ONU

La diputada por Unidad Nacional (UN), Elizabet Reyes, anunció que en los próximos días llevará una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para solicitar de manera formal que la instancia pertinente de este ente realice una investigación sobre los casos de terrorismo, separatismo, extorsión y corrupción denunciados en contra del Órgano Ejecutivo.

“Estamos llevando una carta a las Naciones Unidas para pedirle que se pueda hacer una investigación en el caso terrorismo. Esto nos va a dar parámetros para que se pueda trabajar en la justicia boliviana y lograr avances reales tanto en el caso terrorismo como en el caso Ormachea”, afirmó Reyes.

Sobre el video Ormachea, la asambleísta afirmó que es una prueba plena de la manipulación de la justicia boliviana, porque es un documento oficial del FBI y que fue desclasificado para el juicio desarrollado en Estados Unidos, por lo tanto puede ser utilizado en un proceso internacional porque tiene todo el peso legal.

“Cuando Ormachea hace esas declaraciones no era un reo confeso, era uno de los hombres más poderosos del entorno del Gobierno nacional, no estaba perseguido y no sabía que estaba siendo grabado. Lo que nos dice es muy claro: que la corrupción y la extorsión no está en manos de funcionarios de segundo o tercer nivel, nos dice que sale de Palacio de Gobierno y que ejecutado por los dos primeros mandatarios del país”, señaló.

GOBIERNO

Por su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, afirmó que si existe una acusación seria y contundente, lo que debería hacerse es presentar una denuncia formal ante la Fiscalía la que valorará el hecho y de ser necesario se hará una investigación. Sin embargo, desestimó la presentación de esas pruebas al señalar que no pueden ser confiables si vienen de “uno que ha cometido delitos fuera del país”.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tanto Ormachea como el exfiscal Marcelo Soza están descalificados para hablar de la administración del proceso de cambio, porque sólo intentan hacer caer los casos e investigaciones encubriendo sus propios delitos, que en ambos casos es la extorsión. “Qué credibilidad puede tener este señor que pide plata a su procesado”, dijo.

Sobre Soza, la autoridad agregó que su fuga y posteriores declaraciones para tratar de hacer caer el caso de “terrorismo y separatismo” se da, extrañamente, cuando está por iniciarse la etapa probatoria en el Tribunal de Sentencia de Santa Cruz, en un proceso que ya lleva cuatro años y once meses. “Dos delincuentes confesos descalificados no van a engañar al país”, sentenció Romero.